El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue imputado en una causa que investiga la creación de una Inspección General de Justicia (IGJ) en la Ciudad, que sería paralela a la existente en Nación.
Bajo esta carátula, el fiscal federal Franco Picardi solicitó también investigar a el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; al ministro de Justicia, Martín Ocampo y a Hernán Emilio Najenson, director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas.
Picardi, a cargo de la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, tomó cartas en el asunto a partir de la denuncia realizada por Ernesto José Tricarico, integrante del Centro de Estudios para la Transparencia (CEPTRA).
Desde la llegada del Pro al gobierno porteño en 2007 el macrismo estuvo interesado en crear un registro de sociedades que tuviera controles más laxos que los de la IGJ que funciona a nivel nacional.
El oficialismo logró que la Legislatura apruebe en 2009 una normativa al respecto, pero la Justicia frenó el proceso.
“Dicho intento fue frenado judicialmente ante una acción iniciada por la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que promovió acción declarativa de inconstitucionalidad y solicitó medida de innovar”, recuerdan desde CEPTRA.
“La Justicia en lo Comercial primero y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal después dictaron una medida de no innovar impidiendo la puesta en marcha del mencionado registro. Dicha medida cautelar sigue vigente”, agregan.
Así, en marzo del 2016, mediante el decreto 195/16, Larreta, Ocampo y Miguel designaron a Hernán Emilio Najenson como director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, retroactivamente al 1º de febrero.
Más tarde el gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar la ley y transferir la jurisdicción a Buenos Aires, algo que hasta ahora no se concretó. “La normativa posee una ilegitimidad de fondo, que es pretender regular materia federal”, explican desde el Centro de Estudios para la Transparencia.
En el centro recordaron que son varios los funcionarios del gobierno nacional que fueron denunciados por tener sociedades no declaradas en paraísos fiscales, entre ellos el presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros. Y es, precisamente, este tipo de sociedad es la que debería controlar una eventual Inspección General de Justicia porteña.
