El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que se abra una causa judicial contra los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, quienes con su voto avalaron que se aplicara el cómputo del 2×1 para beneficiar a Luis Muiña, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad y sentaron de esa manera un peligroso devenir.
El pronunciamiento surgió a raíz de una denuncia del abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli, quien denunció a los magistrados por “prevaricato”.
“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar”, argumentó Marijuán en su dictamen, según informaron fuentes judiciales.
De acuerdo al sorteo realizado el lunes, el expediente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien deberá decidir finalmente si acepta el pedido del fiscal y avanza con la instrucción.
El miércoles, una docena de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital, convocaron a concentrarse a las 18 en Plaza de Mayo bajo la consigna: “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos desaparecidos presentes”.
