En una semana en la que la palabra “energía” se escuchó en todos los medios, además del impacto que tuvo la falta de gas en el país a causa del problema que generó la actual administración nacional, se conoció un decreto en el Boletín Oficial en el cual el Gobierno afirmó que busca “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía”. Esto encendió las alarmas, ya que se tomaron varias decisiones sobre qué pasará con el precio de la luz y el gas, pero no hay demasiadas especificaciones al respecto.
Para aclarar lo que ocurrió y qué ocurrirá con el consumo de los usuarios, Noticias Urbanas entrevistó a Cecilia Garibotti, abogada y ex subsecretaria de Planeamiento Energético, que brindó un marco contextual para entender el presente energético en el país.
¿De qué trata este nuevo decreto?
En principio, este no es un decreto de necesidad y urgencia (DNU), es un decreto simple. La diferencia es que los DNU tienen carácter de ley y se discuten en el Congreso. Este es un decreto viene a modificar otro que firmó el presidente con su jefe de Gabinete y el ministro del área y viene a regular el programa de subsidios.
¿Cómo lo modifica?
Este decreto de los subsidios energéticos viene a reemplazar el que se publicó unos pocos días antes de la renuncia de Guzmán, en el 2022, sobre el registro de acceso a los subsidios de la energía. En ese momento, entre las distintas opciones que tenía el Estado para brindar o no brindar subsidios, el Gobierno de Alberto Fernández, con Guzmán como ministro, hizo una audiencia pública proponiendo un sistema donde se segmentaba aquellos que querían de la población en tres niveles: el nivel 1, ingresos altos o no beneficiarios de la segmentación; el 2, de ingresos medios y el nivel 3, de ingresos bajos. Lo que se planteó es que la gente que no solicitó el subsidio, en tres bimestres terminaba pagando el costo total de la energía, la gente de ingresos bajos no va a tener ningún aumento en el 2022, y en el 2023 iba a recibir un aumento que no podía ser superior al 40%.
¿Cómo impactaba eso?
En la factura de los servicios públicos de energía y de gas natural, que tienen tres componentes: el de la energía propiamente, la tarifa de transporte y la tarifa de distribución, esto es lo que se le pagan a las empresas y esto era una política de subsidio enfocada en el precio de la energía.
¿Ahora qué ocurrió?
Tras el triunfo de Javier Milei, en un principio, se dijo que se iban a sacar todos los subsidios de un momento al otro, pero eso no se puede hacer legalmente, ya que nuestra Constitución dice que cualquier quita tiene que ser gradual, previsible y se tienen que hacer audiencias públicas. El gobierno, al asumir no hizo la audiencia Pública para ver cómo modificaba este esquema de Guzmán, porque era para el 2022, 2023, y en diciembre ellos podían modificar y dejar de segmentar a los usuarios, pero no llamaron a ninguna audiencia. Recién lo hicieron para el 29 de marzo de este año, donde presentaron una idea innovadora, que fue muy criticada en su momento porque era impracticable, que era la canasta básica energética.
¿Cuál era la forma en la que querían organizar los subsidios?
El sistema era algo muy difícil de lograr, pero el objetivo final era que ninguna familia gaste más del 10% de sus ingresos en pagar los servicios de energía eléctrica. Desde ese tiempo hasta hoy era impracticable, porque en Argentina es imposible el control que plantea la canasta, saber en qué gasta o cuánto gana es muy difícil. Ahí la pregunta es cómo siguen los subsidios de diciembre hasta hoy. Al no haber tomado una decisión sobre la segmentación, porque no la querían hacer y querían directamente sacarlos, pensaron por un par de meses que eso era posible, hasta que sus propios asesores del ministerio les dijeron que no se podía hacer. En ese momento no actualizaron los valores del precio de la energía. Se aplicó el sistema de subsidios de Guzmán en la programación trimestral de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que es donde se establecen algunas reglas del mercado eléctrico mayorista cada tres meses y en febrero, como todavía no se habían hecho las audiencias, cuando se hace la nueva reprogramación trimestral que aplica para febrero marzo y abril, no actualizaron los valores del precio de la energía.
¿Qué consecuencias trajo esto?
Excepto para la gente del N1, que sí se actualizó, a la gente del N2 y N3 se le retuvo el valor de precio de la energía de noviembre del año pasado, en pesos. Esto quiere decir que una gran parte de la población sigue pagando el precio de la energía, aunque si bien hubo un montón de aumentos en la tarifa de distribución, se está pagando el precio de la energía de noviembre. Como no se quiso trabajar sobre el sistema de subsidios que había, este es un momento en el se paga el mayor subsidio al precio de la energía.
¿De qué trata este nuevo decreto?
Este decreto lo que dice es que van a sacar los subsidios, pero con un período de transición. Dentro de este período se puede aumentar el precio para el N2 y N3, o elegir qué hacer y que haya un único valor, que en realidad se esté subsidiando volúmenes. Además, se habilita la Secretaría de Energía a establecer un mecanismo, pero todavía no se estableció ninguno. Hasta que no esté la resolución de la Secretaría sobre cuál de los caminos van a tomar, no hay previsibilidad. Por ejemplo, cuánto te va a salir la energía en un mes si sos una persona de bajos ingresos. No hay forma de saberlo con este decreto. Con el decreto anterior había una programación, entonces se sabía cuánto salía la energía.
¿Es imposible saber qué precio tendrá la energía?
El decreto dice se va a dar previsibilidad, pero cuando se lee no está esa previsibilidad, no está qué es lo que se va a hacer. Hay que fijarse que, en realidad, el decreto no dice qué va a ser ni qué significa “gradual”, porque lo plantea como un periodo de transición de seis meses, prorrogable a seis meses más, entonces gradual “dentro de 6 meses” es muy distinto a “dentro de un año”. Significa que se puede sacar mañana, que se puede pisar un mes más a valores de noviembre y después sacarlo todo junto y, al no tener esta información, no hay una forma de saber y decirle a la gente qué es lo que está sucediendo para que uno puede salir saber cuánto le puede llegar a venir a fin de mes.
¿Es uno de los problemas que atraviesa la administración de energía?
Esto es un problema real. Esto viene además con un problema brutal de aumento de tarifas, entonces la gente está pagando un aumento de tarifas y lo que no sabe es que sigue obteniendo un subsidio. Lo que dice el decreto no resulta obvio, esto no es un DNU que va a ir al Congreso. Es importante aclararlo porque la gente piensa que “quizás vaya al congreso y que ahí se pueda frenar”, pero no, porque es una decisión de política energética y de política económica, pero en algún momento tendrán que decir cuánto es.