La situación del exfuncionario del Gobierno de Cambiemos es cada vez más complicada. La jueza federal María Romilda Servini citó a indagatoria al exsecretario de Energía Javier Iguacel por haber dictado en 2018 una resolución con la que obligaba a los usuarios del servicio de gas a compensar a las empresas distribuidoras los efectos de la devaluación en 24 cuotas.
La indagatoria había sido requerida por la fiscal federal Paloma Ochoa en el marco de la causa en la que se investiga el dictado, en 2018, de una resolución con la que Iguacel había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.
La magistrada convocó al exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri para el viernes 27 de noviembre a las 15.30.
Para la representante del ministerio público fiscal, con la Resolución 20, dictada el 4 de octubre de 2018, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.
En el dictamen de la fiscalía se señalaba que “en el plano normativo no correspondía que dichas diferencias fueran trasladadas automáticamente al usuario, mientras que en el plano fáctico se acreditó que las empresas distribuidoras de gas, de modo paralelo a la formulación del reclamo compensatorio, lejos de haber sufrido un quebranto con motivo de la devaluación monetaria, habían destinado sus ingresos a la conformación de inversiones en el mercado de futuros -contratos de dólar futuro- que maximizaron sus beneficios”.
En el requerimiento que le elevó a la jueza María Servini, la fiscal Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.
La prueba obtenida por la fiscalía que tiene delegada la investigación permitió detectar que en el período investigado “las empresas distribuidoras de gas decidieron comprar el gas a un valor dólar fijado contractualmente y no a la cotización de la fecha de pago prevista”.
Según surge del expediente, esa decisión “generó que se acumularan las mencionadas diferencias diarias pero no en términos de pérdida directa en sus activos, sino bajo un formato de ´deuda con las productoras, que día a día generaba intereses y que conocían que nunca abonarían pues trasladarían en su totalidad al usuario´”.
La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la abrupta devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Bajo la apariencia de la figura de la compensación, la resolución “en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas -en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba-, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor”, sostuvo la fiscal Ochoa.