El máximo tribunal, en su acuerdo de hoy, rechazó el último planteo formulado por el Estado Nacional y dispuso la reincorporación a sus plenas tareas de Marcela Silvia Almeida, quien se desempeñaba en área de Coordinación del Índice de Precios al Consumidor.
Almeida era, además, delegada gremial del personal del INDEC, y en esa condición y fundada en los fueros sindicales, denunció la presunta “manipulación de los datos que ese organismo daba a publicidad”.
Como consecuencia de ello, paulatinamente comenzó a sufrir lo que ella definió como “trato discriminatorio y persecuciones”, y enumeró que le fue bloqueada su clave de acceso al sistema informático, luego se le retiró su computadora y escritorio y en septiembre de 2007 finalmente se le impidió acceder a su oficina.
En primera instancia, el juez Osvaldo Rappa, y luego la Sala Novena de la Cámara, hicieron lugar al reclamo de Almeida, y consideraron que había sido “víctima de trato persecutorio y discriminatorio como consecuencia de las denuncias efectuadas”.
El Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, llegó hasta la Corte Suprema con un último recurso de apelación, pero en su acuerdo de hoy el máximo tribunal, con los votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, dejó firme la sentencia de las instancias anteriores.
El fallo significa, en los hechos, que el INDEC deberá reincorporar a Almeida a su puesto de trabajo y, además, deberá pagarle una indemnización por discriminación.
