La Gendarmería argentina ingresó dos veces esta semana en una comunidad mapuche para remover los obstáculos que desde hace seis semanas impedían el tránsito de un tren turístico. El resultado del conflicto fue de nueve indígenas heridos, diez detenidos y cinco gendarmes lastimados.
Según denuncias de la indígena mapuche Soraya Maicoñia, el desalojo fue violento. El miércoles en la noche dos integrantes de su comunidad resultaron gravemente heridos, luego de que oficiales de la policía provincial dispararan a mansalva sin presentar ninguna orden judicial: uno es Emilio Jones, a quien le destrozaron el maxilar de un disparo con una bala de goma; y el otro es Fausto Jones Huala, internado en terapia intensiva por un politraumatismo de cráneo.
El episodio se produjo luego de que la Justicia en la provincia ordenara liberar el corte de vías que mantenían los mapuches sobre un trayecto que recorre el tren La Trochita, una arteria ferroviaria que antes transportaba a la comunidad, pero que ahora presta servicio turístico y que está bajo la titularidad del empresario italiano Luciano Benetton. Sin embargo, los originarios reclaman derechos sobre esos predios.
Pugna de vieja data
Las autoridades de la provincia desacreditaron las protestas indígenas: “Es un grupo terrorista, de delincuentes, no es un grupo que pelea, como lo vienen haciendo en muchas comunidades desde hace muchos años por los derechos ancestrales”, afirmó el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán.
Durán argumentó que un grupo de mapuches tenía tomados los predios del empresario italiano, pese a que el martes el juez federal de Esquel, Guido Otranto, había ordenado el desalojo. La Policía procedió a liberar la vía y fue cuando ocurrió el enfrentamiento, que también dejó un saldo de cinco oficiales heridos.
Sin embargo, Maicoñia acusó al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, de actuar para favorecer los intereses de la familia Benetton y así abrirle paso a un proyecto minero.
Por su parte, la familia Benetton aseguró que el operativo no tiene que ver con una acción judicial que emprendieron contra los mapuches sino “con garantizar el paso de un tren obstruido por estos grupos violentos”.
La titularidad de los Benetton data de 1991, pero esos territorios están en pugna desde 1891. El argumento de los terratenientes para abrogarse la propiedad es que, dicen, no hubo ningún reclamo por parte de los mapuches sobre las tierras antes de su adquisición.
Solidaridad
Luego de esos sucesos -por los que ya hay diez mapuches detenidos- el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, rechazó las agresiones contra la comunidad originaria en su cuenta de Twitter.
De igual forma, Amnistía Internacional (AI) repudió el hecho y recordó que en 2016, la organización ha denunciado “el creciente contexto de estigmatización y persecución contra el pueblo mapuche”. Por esa razón, hicieron un llamado “al Estado nacional y provincial a investigar a los responsables y prevenir futuros actos de represión”.
Mesa de diálogo
El jueves, la Secretaría de Derechos Humanos abogó por la búsqueda de una solución pacífica del conflicto con los mapuches: “Es vital e imprescindible detener la escalada de violencia y volver a instalar una mesa de diálogo y negociación”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.
Avruj recalcó que el Gobierno del presidente Mauricio Macri se ha ocupado del conflicto “desde el primer momento”, por lo que agentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fueron enviados al lugar para esclarecer y documentar los hechos, con el propósito de buscar una resolución al conflicto.
Después del pronunciamiento de la secretaría, el Gobierno de Chubut aseguró que había pactado una mesa de diálogo con representantes indígenas, pero entre los firmantes no hay ningún integrante de la comunidad Lof en resistencia en Cushamen, agredida por la gendarmería.
