Con un paro ratificado para este lunes y martes a fines de la semana pasada, y por primera vez desde que comenzó en conflicto con docentes, el Gobierno bonaerense ordenó realizar inspecciones para constatar que las escuelas estén abiertas en el paro por 48 horas. Los agentes del Ministerio de Trabajo deberán además realizar un relevamiento para establecer la adhesión de maestros y profesores, atendiendo al anuncio de los descuentos para aquellos que no presenten a dar clases.
Esta tarea se realizará en diez ciudades del interior y el Gran Buenos Aires. Incluye los grandes centros urbanos, como Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata. Y también distritos del conurbano (Avellaneda, Quilmes, San Martín, San Isidro, entre otros). Con este testeo tendrán un panorama “real” del impacto de las nuevas medidas dispuestas por el Frente Gremial (integrado por FEB, Suteba, Sadop, Uda y Amet). En Buenos Aires funcionan 18 mil servicios educativos públicos y privados en poco más de 12 mil edificios escolares.
Respecto al recorte, se aplicará en dos tramos: en los haberes que percibirán los trabajadores de educación en el quinto día hábil de junio habrá mermas de entre 430 (para un maestro a cargo de un grado y sin antigüedad) y 1.160 pesos (sería el caso de un director con 24 años de servicio). Y con los sueldos de junio (que se cobran los primeros días de julio) habrá otro ajuste similar.
Entre 120 y 150 agentes recorrerán establecimientos en los dos turnos y también mañana. “Queremos garantizar que los edificios estén abiertos para que puedan asistir los alumnos y los docentes que no adhieren a las protestas”, explicaron desde la cartera que conduce Oscar Cuartango. Según explicaron, en huelgas anteriores hubo establecimientos escolares que cerraron sus puertas porque los directivos acataron la decisión de los gremios.
Los informes serán derivados al área de Personal de la dirección General de Escuelas.
Mirta Petrocini, presidente de la FEB aseguró en diálogo con Clarín que “esos inspectores deberían estar todos los días recorriendo cuando hay plena actividad. Entonces descubrirían que cientos de edificios no están en condiciones por falencias de infraestructura que ponen en riesgo la salud de chicos y educadores”.
“Es otra acción intimidatoria del gobierno y una señal de que el gobierno no tiene intenciones de cerrar este conflicto”, agregó la dirigente.
Por su parte, el titular de Suteba, Roberto Baradel consideró: “Son prácticas autoritarias que atentan contra el derecho a huelga, claramente se trata de un apriete del Ministerio de Trabajo a los docentes”,
