Por otro lado, quienes respaldan la intervención acusan a los líderes destituidos de apoyar al presidente Javier Milei y de haberse alejado de la línea de Unión por la Patria (UP).
Los que se oponen a la intervención tienen la intención de comparecer ante la jueza María Servini, magistrada de la Capital Federal con competencias en temas electorales, quien el año pasado dictó una resolución favorable a Cristina Kirchner al ratificar la exclusión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de la elección del partido.
Con la incorporación de Salta y Misiones, ya son cuatro las delegaciones provinciales del peronismo que han sido intervenidas en los últimos meses. La intervención del Partido Justicialista en Jujuy ha sido extendida hasta noviembre de este año debido a conflictos con el calendario electoral provincial, lo que resulta en que el peronismo participará fragmentado en dos sectores en las elecciones del 11 de mayo, donde se elegirán legisladores tanto provinciales como municipales.
La intervención en Corrientes ha concluido, y se llevarán a cabo elecciones internas el domingo 9 de marzo (se logró la unidad a nivel provincial, y el PJ será liderado por la exsenadora camporista Ana Almirón, aunque habrá internas en 19 municipios). Los interventores fueron Teresa García (jefa del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria) y Máximo Rodríguez (concejal en Tres de Febrero). Las intervenciones en Corrientes y Jujuy tienen antecedentes que datan de antes del regreso de Cristina al liderazgo del PJ.
En Jujuy, están desempeñando funciones como interventores Aníbal Fernández (exministro de Seguridad) y Gustavo Menéndez (alcalde de Merlo). Cristina Kirchner se reunió el miércoles anterior, en el Instituto Patria, con grupos del PJ de Jujuy vinculados a líderes como Leila Chaher, Rubén Rivarola y Guillermo Snopek.
Rebeldía salteña
El Partido Justicialista (PJ) de Salta, por su parte, se opone a la intervención. “Es una acción arbitraria y vengativa de Cristina. Nos presentaremos ante la jueza Servini. Aseguran que los legisladores salteños no votan con Unión por la Patria. Si seguimos esa lógica, deberían intervenir también en Córdoba, Tucumán y Catamarca”, declaró Antonio Hucena, secretario general del PJ de Salta, quien recibirá como interventores a Sergio Berni (exministro de Seguridad de Buenos Aires y militante del kirchnerismo desde sus inicios en Santa Cruz) y María Luz Alonso (dirigente de La Cámpora con una estrecha relación con Cristina).
“En Catamarca, el PJ está bajo el control de [Lucía] Corpacci; en Tucumán, [Juan] Manzur”, señala Hucena. Tanto Corpacci como Manzur son cercanos a Cristina. “Desde hace 20 años, [Juan] Schiaretti lidera el PJ en Córdoba y no se atreven a desafiarlo”, añade.
Sostiene que los legisladores salteños del PJ (que forman parte del bloque Innovación Federal) “han votado leyes en beneficio de Salta, como el RIGI, pero se han opuesto a otras, como la cuestión de las universidades”. Y destaca: “Nuestras posiciones han estado alineadas con los intereses de Salta y no con la agenda de Máximo Kirchner”.
Salta celebrará elecciones provinciales el 11 de mayo y Hucena afirma que establecerán “un frente” para competir. “Los peronismos provinciales se organizarán y Cristina conservará el sello”, enfatiza. “Salta otorgó 6000 avales a Quintela; Cristina recibió 200 avales de La Cámpora en Salta”, concluye.
Las figuras clave del kirchnerismo en Salta son el diputado Emiliano Estrada y el senador Sergio Leavy. El Partido Justicialista provincial apoya al gobernador Gustavo Sáenz, quien mantiene una conexión con Milei. Las autoridades del partido intervenido critican a Estrada, quien forma parte del consejo partidario liderado por Cristina, así como a los interventores designados.
Dentro del PJ nacional, reconocen que la intervención del partido en Salta “es la más débil”. La razón, según una fuente bien informada sobre la dinámica interna del partido, es “el respaldo de los legisladores a leyes significativas del Gobierno”.
La situación de Misiones
En cuanto a Misiones, desde el partido nacional sostienen que la intervención se debe también al apoyo de legisladores hacia Milei, aunque añaden que “el PJ no participó en las elecciones anteriores y, si esto se repite, se perderá la personería”. Los interventores designados son Gustavo Arrieta (exintendente de Cañuelas, entre otros puestos) y Máximo Rodríguez, quien repite la función que desempeñó en Corrientes.
El Partido Justicialista de Misiones cuenta con Alberto Arrúa, diputado nacional, como su secretario general. “No existen razones para la intervención. El partido tenía numerosas irregularidades, las cuales hemos corregido en un plazo de dos años. Nuestros mandatos finalizan en noviembre”, declara. “Respaldamos a Quintela y hemos presentado avales para su candidatura”, enfatiza, coincidiendo con el alineamiento interno del PJ salteño en oposición a Cristina Kirchner.
Acerca de la pérdida de la personería, Arrúa explica: “En 2021, participamos en elecciones nacionales y provinciales. En 2023, estuvimos en las provinciales, pero no en las nacionales. Para las elecciones de 2025, ya hemos realizado reuniones de consejo y congreso para planificar nuestro trabajo”.
“Presentaremos un incidente de nulidad y un recurso de amparo ante Servini”, anticipa Arrúa, quien fue uno de los diputados misioneros que apoyaron iniciativas del Gobierno, incluyendo la Ley Bases. “No mantenemos relación con el gobierno nacional. Yo no fui elegido por Unión por la Patria; ellos confunden a su conveniencia. Soy diputado por el Frente Renovador de la provincia”, aclara para reafirmar su vinculación con el sector del exgobernador y figura clave en la política misionera, Carlos Rovira.
“Hemos emitido una declaración que causó molestia, afirmando que, como PJ de Misiones, seríamos quienes decidirían quiénes integrarían las listas de los frentes nacionales. El ‘porteñocentrismo’ se queda sin el control”, sostiene Arrúa. En Misiones, el kirchnerismo cuenta con una figura relevante en la exdiputada Cristina Britez. Tanto en Salta como en Misiones, se critican las intervenciones por no haber sido aprobadas en el congreso partidario, que está bajo la dirección del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Las dos intervenciones fueron declaradas ad referéndum del congreso.