El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta ordenó las indagatorias a los dueños de los Bingos de Hurlingham y Ciudadela por la supuesta evasión de $130.000.000 con la confección de facturas apócrifas por servicios que nunca se prestaron. A la par, ya se realizaron 20 allanamientos que incluyeron las sedes de ambas casas de juegos, la Asociación Argentina de Árbitros y cuatro equipos de fútbol: Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, Ituzaingó y Deportivo Merlo.
La investigación fue encarada por el fiscal federal Paul Starc, y allí se habría determinado que al menos 33 empresas proveedoras sobrefacturaban servicios y bienes. En los cuatro clubes se secuestraron facturas por publicidad de los bingos en las camisetas, y se apunta a una supuesta sobrefacturación.
A partir de la pesquisa encarada por el Ministerio Público de Tres de Febrero se habría determinado que una de las salas de juego denunciada habría evadido aproximadamente $60.000.000 mientras que el monto de la evasión adjudicado por los investigadores al otro bingo sería de $ 70.000.000.
Según informaron fuentes judiciales la investigación comenzó a partir de una denuncia que recibió el fiscal federal Starc, quien luego de dos años en los que tomó declaraciones testimoniales, solicitó los allanamientos en las dos casas de juego y en las sedes de los mencionados equipos de fútbol. Además, pidió la detención de los imputados, pero el juez lo rechazó y sostuvo que “la expectativa de pena no basta por sí sola para justificar riesgos procesales. Se estima prematuro avanzar con las detenciones requeridas, al menos hasta tanto se clarifique el panorama planteado”.
El juez federal además de convocar a los acusados para que sean indagados ordenó que se embarguen sus bienes por $15.000.000 a cada uno de ellos. “Si bien los bingos libraban cheques por el total de las operaciones que se sobrefacturaban, lo hacían mediante un pago que no pasaba por las cuentas de proveedores y eran canjeados en otras empresas como mutuales, cerealeras o cooperativas que gozan de una alicuota reducida en el impuesto al débito y crédito bancario. Así obtenían una reducción en el costo financiero de la operatoria”, se explicó en la resolución judicial en la que se resolvió la convocatoria para que los imputados sean indagados.