El abogado José Iglesias, padre de la víctima Pedro Iglesias, fallecido en la tragedia de República Cromañón; María Luján Rey, madre de la víctima de la tragedia de Once, Lucas Menghini y Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, se presentaron el viernes ante el juez Sebastián Casanello para constituirse en “amicus curiae” en la causa en la que se investiga la tragedia de Costa Salguero, donde el Túnel del Tiempo se llevó cinco vidas.
Así lo plantearon en un escrito presentado en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el que destacaron la “importancia institucional” del caso por entender que puso a la luz “una estructura delictiva, perversa y permanente que tiene como víctima a la juventud”.
De hecho, entendieron que en lo sucedido el sábado último en la fiesta que se desarrollaba en el complejo Costa Salguero confluyen “dos flagelos que ocupan y preocupan”, como son “las sustancias psicotrópicas, su introducción y comercialización, y la corrupción”.
Además, al realizar la petición, pusieron la mira en “la estructura de corrupción que conforma el control comunal” y aseguraron que, tras la tragedia de Cromañón, “esa estructura no se purificó ni se modificó sino que se perfeccionó”.
“Se creó la Agencia de Control Comunal para erigir un vallado institucional que separe al jefe de Gobierno de la ciudad de la responsabilidad de hechos como Cromañón”, aseveraron en el escrito presentado este viernes ante Casanello, con quien se reunieron esta mañana.
Incluso, afirmaron que esa agencia “está enquistada en esa estructura de corrupción”, y sostuvieron que, si bien el evento Time Warp “tenía una habilitación regular, con arreglo a reglas”, ambas “son intrínsecamente ilícitas”.
En este sentido, argumentaron que la figura de “fiesta privada” utilizada para ese tipo de eventos constituye “un engendro semántico, contradictorio por esencia con el concepto de poder de policía” y es “la nueva versión del negocio ilícito al que le puso fin la causa Cromañón”.
“Antes eran los locales de baile C que realizaban los recitales; ahora eso no se puede hacer y, entonces, inventaron las fiestas privadas”, aseveraron Rey, Vera e Iglesias en el escrito.
En este punto, afirmaron que, como se trata de una “fiesta privada”, dentro de ella “se hace todo lo que el organizador permite”.
“Esto no es un problema de inspectores; la cuestión está más arriba, es de la autoridad superior, de la norma y de su aplicación”, sostuvieron en el escrito, sobre el que deberá expedirse el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa por las muertes ocurridas en el marco de la fiesta Time Warp.
En tanto, además de solicitar al magistrado que los acepte como “amicus curiae” en esta causa, la Fundación La Alameda –encabezada por Gustavo Vera- y la organización “Que no se repita Asociación Civil” –encabezada por Iglesias- pidieron ser constituidas en querellantes en el marco del expediente.
El amigo del tribunal
La figura del “amigo del tribunal” se utiliza en muchos países para que los terceros ajenos a un litigio, que volutariamente ofrecen su opinión frente a algún punto del derecho, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia que es objeto del proceso. La información que proporciona el amicus curiae puede ser un escrito que contenga una opinión legal o un testimonio no solicitado por ninguna de las partes o un informe sobre la materia del caso investigado.
La decisión sobre la admisión del amicus curiae queda siempre al arbitrio del tribunal.
Habitualmente, los amicus curiae se presentan en juicios en los que podría quedar afectado algún derecho fundamental. Por esta razón suelen solicitar ser tenidos en cuenta como amigos del tribunal las ONG’s que actúan en defensa de los derechos humanos o por asociaciones de abogados, aunque también suelen presentarse ante los
tribunales otras organizaciones de la sociedad civil y hasta algunos particulares.
Sus presentaciones no tienen que ser necesariamente de tipo legal. Existen otras perspectivas que pueden abordar los amicus curiae, que pueden abarcar materias históricas, económicas o sociológicas, siempre con incidencia en un proceso judicial.