Si bien el Congreso de la Nación comenzó con el receso invernal, la agenda parlamentaria ya tiene fecha para continuar con el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
La titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT) formalizó quiénes serán los próximos testigos que deberán declarar, el martes 1 de agosto, en el tema de la coparticipación. Ellos son el exministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro, el asesor del Presidente del máximo tribunal Silvio Robles, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema Alejandro Daniel Rodríguez – que no pudo asistir a la reunión anterior – y el contador público (Magíster en Administración Pública) Alejandro Otero.
Luego de haberse filtrado los chats entre D´Alessandro y Robles sobre los supuestos beneficios que la Ciudad de Buenos Aires recibiría en torno a los recursos, los diputados oficialistas decidieron citarlos para que sean sometidos a las preguntas sobre el hecho y avanzar en la investigación sobre el fallo que “negociaron”, según el Gobierno.
Además, el FdT aprobó la solicitud de la “huella de voz” de D’Alessandro, con el fin de averiguar la veracidad de los mensajes de voz que fueron enviados a Robles.
Cabe recordar que la comisión comenzó con las indagatorias sobre las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y, ahora, continúa con el tema de la coparticipación.
Asimismo, al inicio de la reunión, se aprobó el pedido del diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) de convocar a Alejandro Otero, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que elaboró un estudio sobre el reparto de los recursos coparticipables.
Por su parte, la Presidenta del Banco Nación enfatizó que en los decretos firmados por el exjefe de Estado Mauricio Macri para beneficiar a la Ciudad en el tema de la coparticipación no figuran “los motivos por los cuales se aumenta el porcentaje del 1,4% al 3,75%”.
En tanto, Batakis manifestó: “La Auditoría de la Ciudad trabajó sobre las erogaciones vinculadas con la transferencia de seguridad. El informe establece que no había ningún fundamento para poder llevar al 3,75% y que había inconvenientes para acceder a la información”.
Y advirtió que “tendría que haber venido un segundo decreto, que no es reglamentario, pero simplemente lo que hace es corregir una omisión de información y explicar por qué se había hecho ese incremento; no hay ningún informe técnico ni fundamentos que explique ese paso”.
