El martes 11 de abril a las 13, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación llevará a cabo una nueva audiencia testimonial, en la cual recibirá a diferentes invitados para avanzar con los catorce expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
Los ojos estarán puestos en la presencia del exministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, que había sido convocado en la reunión anterior y – mediante una nota – comunicó que no podía asistir por estar en una actividad en Córdoba y había solicitado que se reprogramase su audiencia.
La citación de Garavano está en relación con explicar qué incidencia tuvo el gobierno anterior en el fallo 2×1 de la Corte, que benefició a uno de los represores condenados, durante la última dictadura militar, Luis Muiña. También, se le consultará por la permanencia de la exjueza Elena Highton de Nolasco, que a pesar de haber cumplido los 75 años (año que dicta la ley para retirarse del cargo), continuó al frente del máximo tribunal durante tres años más.
Desde el oficialismo, se analiza una posible complicidad entre el gobierno de Cambiemos y la Corte Suprema en el fallo 2×1, en el cual se le otorgó beneficios a Muiña, quien fue uno de los torturadores en el centro clandestino que se realizó en el Hospital Posadas.
En este sentido, el FdT maneja la hipótesis de que el expresidente Macri y el juez Rosenkrantz negociaron el voto a favor de Highton de Nolasco para que saliera el fallo en el año 2017.
En el último encuentro, la comisión recibió a dos testigos claves contra el represor. Por un lado, estuvo presente Zulema Chester, hija de Jacobo, que fue secuestrado y torturado por Muiña, y por el otro, asistió Gladys Cuervo, trabajadora del hospital, que fue víctima de la última dictadura militar y había denunciado que “siempre hubo espionaje en el Posadas”.
Asimismo, los diputados oficialistas criticaron las ausencias del fiscal Carlos Stornelli, el senador nacional José Torello (Pro) y el exasesor judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y que dieron diferentes respuestas a la hora de justificarse.
Stornelli mandó una nota en la cual solicitó responder las preguntas por escrito, Torello fue más allá, se negó rotundamente y denunció que la comisión no poseía la atribución de solicitar su presencia y, por último, Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, dijo que no tenía nada que aportar a la causa.
Por otra parte, la comisión – también – solicitó la presencia de cinco periodistas: Irina Hauser, Luciana Beroia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.
Sus convocatorias están vinculadas a las notas periodísticas que escribieron en los medios de comunicación y tendrán que responder en torno a las sospechas que tiene el FdT, sobre la vinculación entre el exgobierno y la Corte en el fallo 2×1.
Si bien algunos legisladores de la oposición dejaron de asistir, como el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, gran parte de JxC continúa yendo a escuchar a los testigos, más allá de las denuncias que le realizaron al oficialismo por “hostigar” a quienes van a declarar y por manifestar la “ilegalidad del proceso”. Por su parte, la Coalición Cívica apela a seguir adelante con el juicio contra el juez Lorenzetti. Mientras tanto, el FdT, al tener la mayoría en la comisión, avanza en el juicio contra los cuatros magistrados.
