La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó este jueves con la investigación contra los miembros de la Corte de Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). La noticia de la jornada fue que el oficialismo presentó un proyecto de resolución, en el cual se amplía el pedido de juicio político contra los magistrados Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, pero no menciona a Lorezentti debido a que no votó por estar haber estado de viaje.
Asimismo, la ampliación tiene que ver con los fallos que máximo tribunal dio a conocer la semana pasada y resolvían suspender las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán.
“Lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema”, expresa la presentación, firmada por los legisladores del FdT.
En tanto, el comunicado expresa que la solicitud que amplía el pedido de juicio contra la Corte Suprema es “por haber incurrido, mediante hechos nuevos, en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
Y advierten que la decisión de los magistrados es de “extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local, además de generar violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos”.
Por otro lado, en el proyecto se menciona a Héctor Marchi, exadministrador de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, y se asegura que su declaración en la comisión mostró el mal manejo de los recursos.
La iniciativa lleva la firma de los siguientes diputados nacionales del oficialismo: Germán Martínez, Eduardo Valdes, Nilda Carrizo, José Luis Gioja, Ricardo Herrera, Graciela Caselles, Walberto Allende, Fabiola Aubone, Juan Manuel Pedrini.
En tanto, en una nueva jornada de audiencia testimonial, la comisión continuó investigando las posibles irregularidades en la obra social (OSPJN) y, para ello, convocó a Aldo Tonon (Exdirector OSPJN citado por oficio, con intervención del Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23), Sebastian Clerici (Secretario Letrado CSJN), Iván Nicolás Ritvo (Contador Público), Gabriel Martínez (Contador Público) y Laura Ambrosio (Afiliada OSPJN).
La nueva citación del exdirector de la obra social se dio en el marco de la moción que aprobó el FdT, en la cual se le pedía a la Justicia su intervención para llevarlo, si era necesario, por la fuerza pública.
Cabe destacar, que la titular de la comisión Carolina Gaillard (FdT) informó que se habían comunicado con el juez Ariel Lijo para ver si había alguna posición determinada.
Finalmente, el juez Lijo resolvió citar a Tonon para que comparezca ante la comisión. Él se hizo presente, junto a su abogado, y brindó su testimonio. El exdirector renunció a su cargo, hace algunas semanas atrás, en medio de fuertes acusaciones contra su gestión.
En tanto, sí hubo otras ausencias, como la de los contadores públicos, Ritvo y Martínez. El primero solicitó que su audiencia fuera reprogramada.
Por su parte, el secretario Clerici brindó su testimonio y manifestó: “Uno de los vínculos que teníamos con la obra social era cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o, en parte, conforme a lo peticionado. Existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”.
“El criterio por el cual solo tomamos intervención desde mi área es el principio general de la licitación pública para todos los casos; puede haber razones de urgencias o de único proveedor que lleven a otro tipo de contrataciones”, aseguró el funcionario.
Además, otra de las testigos que declaró fue una afiliada de la obra social, Laura Ambrosio. “Los problemas con la OSPJN comenzaron cuando a mi marido le diagnosticaron cáncer y no le autorizaron las órdenes que le había indicado el médico de manera urgente. Frente a esto tuvimos que recurrir a un amparo”, explicó la damnificada.
Y aseguró que si ella “no llamaba, pedía, reclamaba y amenazaba con ir de vuelta por la vía judicial, las cosas no aparecían”. “En la internación domiciliaria nunca brindaron respuesta porque decían que no se cubría”, sentenció.
Por último, la palabra más solicitada fue la de Tonon, que se había ausentado en anteriores convocatorias.
Primero explicó por qué renunció a su cargo: “La decisión de mi renuncia al Directorio de la OSPJN obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado”.
Luego, el exfuncionario defendió su gestión: “Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse”.
“La obra social es una institución que tiene autonomía de gestión, por lo tanto, los ministros estaban informados de cómo funcionaba, qué se estaba haciendo, pero no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura”, explicó Tonon, sobre el funcionamiento de la obra social.
Con respecto al interrogatorio, el exdirector aseguró que se sentía incómodo porque estaba cerca de autoincriminarse, ya que él está transitando una causa en su contra por mal desempeño.
La titular de la comisión informó que irán a un cuarto intermedio y continuarán el martes 30 a las 13.
Por su parte, el jefe del Interbloque oficialista Germán Martínez solicitó que se convoque al actual director de la obra social Mariano Althabe y su vicepresidenta Cora Borensztejn.
Desde la oposición, el diputado nacional, Juan Manuel López (CC) dijo que no sumarán a más testigos porque no van a estar hasta fin de año tomando declaraciones.
