Este martes a las 13, la Comisión de Juicio Político volverá a reunirse para avanzar en el tema de la coparticipación.
Para ello fueron convocados a declarar: Silvina Batakis (Presidenta del Banco de la Nación Argentina y exsecretaria de la Secretaría de las Provincias – Ministerio del Interior); Gabriel María Astarloa (Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires), Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación); Pedro Oscar Goyochea (Asesor General de Gobierno de la Provincia de la Rioja); Marcos Denett (Fiscal de Estado de la provincia de Catamarca); Raúl Julio César Abate (fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero) y Fernando Pablo Tanarro (fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz).
Esta sería la segunda ronda de audiencia testimonial sobre el conflicto por la coparticipación, ya que la semana pasada, el FdT aprobó la solicitud de la “huella de voz” del exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, con el fin de averiguar la veracidad de los mensajes de voz, que fueron enviados por el exfuncionario a Silvio Robles, quien es asesor del juez Rosatti.
Además, el oficialismo logró los votos para citar, luego de las elecciones, al exministro del Interior, Rogelio Frigerio. La iniciativa fue solicitada por el diputado oficialista Marcelo Casaretto.
Por su parte, el titular del bloque de la CC, Juan Manuel López acusó al oficialismo de que “quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia”. Y agregó: “El se podría haber quedado con sus fueros y no venir, pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”. El exdiputado será candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos.
Durante el encuentro, se creó una subcomisión interna para continuar con la investigación sobre las irregularidades de la Obra social judicial y fue conformada por tres miembros del oficialismo y dos miembros de la oposición.
En tanto, las acusaciones – por parte de los legisladores nacionales del FdT – son contra el expresidente Mauricio Macri por favorecer, en 2016, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando aumentó los recursos del 2,35% al 3,75%, debido al traspaso de la Policía al distrito gobernador por Horacio Rodríguez Larreta. Y, además, pusieron de manifiesto el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Cuidad.
Desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli (Pro) recordó que “el Poder Ejecutivo no ha cumplido la medida cautelar de la Corte Suprema respecto a este tema” y se sumó su par Paula Oliveto (CC), que enfatizó en que “incumplir un fallo de la Corte es delito”.
Cabe recordar que los diputados nacionales concluyeron con el tema de la Obra Social del Poder Judicial y allí, el FdT presentó una resolución, en la cual se le adjudicaron al juez Maqueda catorce cargos en su contra por las supuestas irregularidades en el manejo de la prestadora, ya que estuvo al frente durante trece años. Además, fue citado a la comisión, pero el magistrado se ausentó y tampoco presentó un escrito para responderle al oficialismo sobre las denuncias que le realizó.
Asimismo, en la última reunión de la comisión, la titular de la comisión Carolina Gaillard (FdT) manifestó: “La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”.
También, adelantó que las audiencias testimoniales continuarán a partir del 1ero de agosto, cuando el Congreso de la Nación retome sus actividades, luego de las vacaciones.
