Un grupo de empresarios le pidió a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que deseche el pedido de juicio contra la Corte Suprema de Justicia promovido por el Gobierno al advertir que afectará la inversión privada en la Argentina.
Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel), Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA ), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).
También la suscribieron Alejandro Elsztain (Cresud), Luis Bameule (AEA), Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Eduardo Caride, Javier Goñi (Ledesma), Juan Vaquer (Dupont), Silvia Bulla (Danisco), Nicolás Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani. Además, se sumaron Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), César Litvin y Santiago Mignone (PwC), Guillermo Lipera (Idea), Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad) y Juan Vaquer ( Dupont – ACDE).
A través de una carta de 17 páginas, estos 500 empresarios y profesionales les pidieron “a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”.
“La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país”, indicó.
Y advirtieron: “El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que existan y se mantengan la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”.
Ataque a la inversión privada
Además afirmaron: “Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.
“¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”, se preguntaron.
En la misiva expresaron también: “Los firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”.
Días atrás, el Foro de Convergencia Empresarial también emitió un duro que cuestionaba la posición del Poder Ejecutivo en su relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La entidad consideró como “un ataque a la independencia del Poder Judicial” el reciente pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal promovido por el Presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.
“En los últimos días, en un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial, el Presidente de la Nación y un grupo de Gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló el comunicado.