En un año electivo no hay tiempo para la feria judicial ni la legislativa. El Gobierno de Alberto Fernández ha sido, desde su inicio, mal afortunada: lidió con una inédita pandemia, cuarentena, caída de la bolsa internacional y estragos en las economías nacionales y regionales. También lidió con los coletazos del ataque de Rusia a Ucrania y con la puja judicial protagonizada por la Corte Suprema de Justicia. Especialmente por Horacio Rosatti, titular de la Corte y también autoproclamado presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, un órgano que administra nada menos que el presupuesto del Poder Judicial nacional y que selecciona, inhabilita, juzga y sanciona a jueces y juezas.
Alberto esperó a que las y los argentinos vivieran la felicidad de ser campeones mundiales por tercera vez gracias a la Scaloneta, que brindaran para celebrar un Año Nuevo, y la buena racha anímica culminó: el domingo 1ro de enero pidió que el juicio político a los cuatro miembros de la Corte, luego de que se conocieran los presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que tira letra para defender la silla de JxC en la Magistratura.
Lo hizo a través de un mensaje a los “queridos argentinos”, publicado a través de sus redes sociales, y desde allí apuntó a los cambios en la composición del Consejo de la Magistratura a causa de que, “repentinamente”, la Corte marcó como inconstitucional una ley que establecía que la Magistratura debía estar compuesta por 13 consejeros en vez de 20. También disparó contra la coparticipación porteña, donde la Corte falló a favor de Horacio Rodríguez Larreta y al escándalo por la excursión a Lago Escondido de varios funcionarios públicos con magistrados y empresarios de Clarín.
Alberto en el mensaje sostuvo que “en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina” y que “diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”.
La pelea entre el oficialismo y la oposición es una puja por uno de los cuatro lugares que le corresponden al Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura. Esa disputa tiene paralizado el funcionamiento del Consejo desde el 18 de noviembre (incluso antes) y también al Congreso de la Nación. Esta puja entre poderes del Estado no es gratis para la economía y funcionamiento del país, pero perfila a acaparar al recién llegado 2023.
Lucha del Ejecutivo en arena legislativa
Alberto Fernández pidió al Congreso Nacional que le dé “pronto tratamiento” al pedido de juicio político y llamó a que se celebren sesiones extraordinarias a batirse el lunes 23 de enero.
El proceso de instrucción comienza en la Comisión de Juicio Político de Diputados para abrir el sumario y comenzar la investigación correspondiente el jueves 26 de este mes o el miércoles 1 de febrero. Este proceso podría durar hasta 60 días. Hasta ahí, el Frente de Todos tiene el camino allanado, ya que cuenta con mayoría: son 16 integrantes del oficialismo; 14 de JxC (7 del Pro, 4 de la UCR, 2 de la CC y 1 de ER); y 1 del lavagnista Integración Bonaerense.
Aún más, la presidenta del cuerpo es la oficialista Ana Gaillard. Y el vice es el lilito Juan Manuel López y los secretarios: el radical Mario Negri y los larretistas Omar de Marchi y Alvaro González. El único opositor que no pertenece a Juntos por el Cambio en la comisión es el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, quien rápidamente hizo público su rechazo a la embestida contra Rosatti.
Gaillard es un fuerte alfil frentetodista que pese a que el gobernador de su provincia, el entrerriano Gustavo Bordet, se negó a acompañar esta jugada oficialista, ella tomó su propio posicionamiento.
“Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y la Magistratura; y la decisión del Presidente de enviar el juicio político, es una de las herramientas que tiene el Ejecutivo, y que establece la Constitución, para investigar y determinar responsabilidades”, afirmó la diputada en una entrevista radial.
Gaillard consideró que “la Corte se entrometió en las facultades del Congreso” y que “se conocieron estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del presidente del máximo tribunal”.
Sin embargo, Bordet lejos está de ser la excepción en abandonar a Alberto en la jugada de lo que aparenta ser su última jugada fuerte previo a las elecciones nacionales. El pasado martes 3, el mandatario se reunió con gobernadores provinciales para reunir votos que apoyen el juicio político en el recinto. Al principio, parecía que había conseguido 12 pronunciamientos a favor, pero fue Bordet quien tuvo que aclarar luego que su apoyo era, cuanto menos, un malentendido. Con este episodio y el poco acompañamiento que Fernández logró recolectar, el Gobierno nacional quedó prestado a la humillación que especialmente Clarín y La Nación fomentan en forma de tinta y caracteres a través de docenas de notas que a diario formulan en ferviente apoyo a Rosatti.
Mucho ruido hizo también el silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta del gobernador bonaerense Axel Kicillof o La Cámpora, incluso de su propio Gabinete, especialmente por el Ministro del Interior, Wado De Pedro. Allí comenzaron más especulaciones que golpean al presidente sobre la misma herida.
Quien sí habló, y tal vez de más, fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien dijo en una entrevista radial que, de no lograr el juicio político el Gobierno podría encarar una reforma de la ley de Consejo de la Magistratura a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Fue al día siguiente que el Gobierno nacional le bajó el tono a las palabras de su ministro. Lo hizo a través de una conferencia de prensa dada por su vocera, Gabriela Cerruti, quien explicó: “Entiendo que lo que dijo el ministro es que, por supuesto, existen los mecanismos constitucionales, porque existen los DNU y otros mecanismos que fija la Constitución. Por eso dijo que existía ese mecanismo de la Constitución. Le preguntaron si era posible o no una reforma de ese modo y él dijo que sí”, gambeteó Cerruti.
El Presidente no se rindió, y continuó buscando apoyo: reunió en Chapadmalal a parte del gabinete y una veintena de intendentes bonaerenses, a los que sumó al proyecto oficial contra el máximo tribunal, con un mensaje en clave electoral y hacia el interior de la coalición: “Lo que nos quemó fue el fuego amigo, paremos con eso”.
Efectos colaterales en el recinto
Juntos por el Cambio (JxC) quedó en alerta tras la versión de que el Gobierno podría reformar el Consejo de la Magistratura a través de un DNU y no tienen pensado permitir que el juicio político a los miembros de la Corte se lleve a cabo: prometieron no dar quórum en absolutamente nada de lo que el Gobierno proponga en el Congreso hasta que el oficialismo desista en su embate contra la Corte. Este abroquelamiento en defensa de la Corte no llamó la atención en el FdT, que no tardó en asociarlo con “una retribución de favores”.
Con esto, la parálisis en el Palacio Legislativo no tendría fin a la vista y, por ende, la del Consejo de la Magistratura tampoco, ya que faltan asumir a su cargo las y los representantes del Senado. El Consejo no puede funcionar hasta no tener su composición completa.
“Claramente su intención es impedir que el Congreso funcione hasta fin de año. Todos los diputados y senadores de JxC se van a transformar en la casta política más cara de Argentina porque van a estar un año sin trabajar”, protestó el diputado Marcelo Casaretto. Así, desde este espacio, indican que la decisión de la oposición deja al descubierto “las relaciones peligrosas entre la Corte y el funcionarios del Pro”.
Es cierto que esta estrategia de la oposición legislativa viene funcionando desde el 2020, en la que evitan que el Ejecutivo de turno logre aprobar proyectos claves a través de no presentarse al recinto, pero esta vez la estrategia llega a un punto extremo que dejaría congelado buena parte del poder legislativo y judicial.
La agonía podría extenderse más de lo pensado: el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, adelantó que el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia será presentado por legisladores, en vez del Presidente, siendo “el contenido es exactamente el mismo” que figura en la propuesta elaborada por Alberto Fernández y los gobernadores. De esta manera, la solicitud tendrá “tres años de vigencia parlamentaria”.
El oficialismo es explícitamente consciente de que en Diputados no logrará hacer prosperar su iniciativa anti Corte. El mismo Tahilade lo confirmó: “Esto no tiene que ver con conseguir los dos tercios” en la Cámara baja para que la acusación prospere sino “demostrar que la Corte Suprema es una mafia”.
Desde ya, desde la oposición no coincide con esa visión: “Es inveterada la doctrina, que se aplica particularmente en el Consejo de la Magistratura, de que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias, salvo ciertos excesos como el prevaricato, que está previsto en el Código Penal. En la medida en que los jueces no incurran en prevaricato o en arbitrariedades extremadamente groseras no se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias. De modo que el pedido de juicio político es a todas luces infundado, un capricho cuyo único propósito es apretar a los jueces, exponerlos públicamente de la peor manera”, explicó Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura y diputado nacional.
A no perder de vista: a fin de año se celebrarán los comicios ejecutivos y legislativos, en la que se renovarán nombres en los asientos del recinto.
Alberto debe conseguir reafirmar los votos que lo acompañaron en 2019 abandonando su etiqueta de “tibio”, especialmente contra una Justicia que condenó a su Vicepresidenta sin demasiados papeles en regla y proscribiéndola electoralmente. El 70% de las y los argentinos ve de manera “negativa” a la Justicia, y Fernández sabe que allí hay un caudal de votantes desencantados que necesita recuperar.
De cualquier manera, la jugada de Alberto hace ruido en su propio espacio: en el Ministerio de Economía se agarran las sienes.
Es que esta movida eclipsará la oportunidad de avanzar con leyes importantes que estaban en agenda: el programa de blanqueo (“Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado), la moratoria previsional para que cerca de 800 mil personas en edad jubilatoria que no llegan con los años de aportes puedan jubilarse, la suba de impuestos al juego online y de un impuesto a los bancos para fondear el incremento en la coparticipación para la Ciudad, proyectos que beneficiarían a monotributistas del rubro tecnológico, entre muchos otros.
También Massa se había comprometido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a reformar la ley Antilavado para que Argentina pueda seguir siendo parte de esa entidad internacional.
Este descuido podría traer efervescencia social, política, geopolítica y económica. Descontando que la CGT y la mayoría de los sindicatos podrían convocar a una marcha a favor del juicio si se produce el bloqueo con el que amenazan desde Juntos por el Cambio.
Esto es una bomba que podría estallarle en la cara al Presidente previo a las elecciones y desde la oposición van preparando sus tanques de nafta para que la imagen positiva del Presidente termine de incinerarse. La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, les ordenó a todos sus diputados que corten sus vacaciones a partir del 16 de enero para estar en el Congreso defendiendo a la Corte Suprema. “Se viene una campaña muy sucia, mugrienta, habrá carpetazos para todos lados. Se conocerán más hackeos y mostrarán conversaciones truchas de todos los opositores”, señaló Carrió a sus mayores colaboradores.
Primera batalla: la comisión
Una vez que el Frente de Todos cite a la reunión de Comisión de Juicio Político, ese cuerpo tiene quince días para aprobar la admisibilidad del proceso.
Una vez que comience el debate legislativo, el primer objetivo de JxC será plantear la “inadmisibilidad del proceso” y pedir el apartamiento de Carolina Gaillard como titular de esa comisión. Así lo anunció el legislador por Córdoba, Rodrigo De Loredo, que cuestionó los últimos dichos de la diputada del Frente de Todos: “No garantizan la objetividad e imparcialidad del proceso”.
Además, durante el fin de semana los jefes de JxC evaluaron la posibilidad de reflotar los proyectos de juicio político contra el Presidente y Cristina Kirchner. Esa jugada perdió fuerza durante las últimas horas, ya que en un sector de JxC entienden que el oficialismo podría “rechazar de entrada” esos pedidos con el argumento de que no fueron incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias.
Mientras la mesa nacional de JxC terminaba de unificar su estrategia, la bancada oficialista hacía lo mismo en el primer y tercer piso del Congreso. Gaillar y el titular del bloque, Germán Martínez, tuvieron diversas reuniones informales con legisladores que integran la comisión y con algunos especialistas. Ambos legisladores están terminando la letra final del proyecto que se presentará oficialmente en la Cámara de Diputados, ya que la propuesta no será la que firmó el Ejecutivo, sino una similar que llevará la firma de los propios legisladores.
Consejo de la Magistratura: origen del conflicto
El Consejo de la Magistratura de la Nación está paralizado, técnicamente, desde hace 7 meses, cuando se realizó la última reunión plenaria. Desde entonces, ningún candidato a juez fue designado para cubrir el 25 por ciento de juzgados vacantes en la justicia nacional y federal, y sin que avanzaran los expedientes disciplinarios y de juicio político contra magistrados/as investigados por inconductas.
Fue la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) quien alertó que 41 denuncias a jueces y juezas podrían vencer entre el mes de agosto y noviembre del corriente año, tras estar próximos a cumplirse tres años desde que se realizaron las respectivas denuncias.
Este parate en el órgano que administra la Justicia es explicado de distinta manera según el color político de quien hable: en los tribunales argumentan que la política entorpeció todo el funcionamiento a raíz de la lucha por controlar el cuerpo los próximos cuatro años, mediante planteos judiciales o a través de maniobras que buscaron ventajas para colocar más consejeros senadores o diputados que los que prevía la ley.
En tanto, el oficialismo culpabiliza a la Corte por haber anulado la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, como la concibió un proyecto de ley impulsado por Cristina Kirchner en 2006, y ordenar que se regresara al viejo consejo de 20 miembros. No sólo esto, sino que volver a esa conformación requería que el Consejo llame a elecciones a nivel nacional para elegir a todos los integrantes del Consejo en tiempos irrisorios y en medio de la feria judicial del pasado año.
Desde el Gobierno lo consideran un fuerte golpe institucional no sólo por el hecho de que el mismo presidente de la Corte Suprema concentre también el poder del Consejo de la Magistratura, sino porque para lograr este fin “avasalló las facultades propias del Poder Legislativo”, según la visión del oficialismo.
Ante esto, Pablo Tonelli arremetió en declaraciones radiales: “La responsabilidad de que haya recuperado vigencia aquella vieja ley del Consejo de la Magistratura no es tanto de la Corte sino del Congreso, donde no nos pudimos en la Cámara de Diputados poner de acuerdo en sancionar una nueva ley orgánica, que hubiese sido la solución más sana y republicana”.
En contrapartida, desde el Frente de Todos adjudican que el comportamiento de la Corte está ligada a Juntos por el Cambio y sus intereses. Incluso, hablan de una “devolución de favores”.
En este aspecto, caben mencionar dos desencadenantes más de este enfrentamiento Justicia vs. Gobierno Nacional. El primero, el fallo de la Corte que benefició a Horacio Rodríguez Larreta respecto a los fondos de coparticipación.
Cuando Macri fue presidente triplicó por decreto la transferencia de recursos nacionales hacia CABA. Así, los recursos de origen nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasaron del 10% al 25%. En el 2020, el Frente de Todos recuperó “los fondos que habían sido otorgados a CABA”. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño judicializó esa Ley y, en ese marco, “la Corte dictó la medida cautelar” en favor de la Ciudad.
Por otro lado, Marcelo D’Alessandro debió tomarse licencia después de que se difundieran comprometedores chats con miembros de la Corte Suprema de Justicia y empresarios de un supuesto hackeo a su celular en el marco de un operativo de espionaje ilegal.
Los mensajes que se difundieron y que se le atribuyen lo muestran recibiendo asesoramiento del principal consejero del presidente de la Corte Suprema, pidiéndole información ilegal a un fiscal que terminó condenado por extorsión y hablando de miles de dólares con un empresario que se dedica al millonario negocio de las grúas y los estacionamientos en el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Además, se especulaba con la nueva composición del Consejo de la Magistratura.
Está claro que, según estos presentes chats, los miembros de la Corte, los empresarios mediáticos ligados al Clarín que los defiende con uñas y dientes, Juntos por el Cambio y funcionarios de la Ciudad están subidos al mismo barco.
El mismo director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, salió a decir que “el Pro está financiando su proyecto presidencial con recursos que deberían ser de las provincias”. Pero con ayuda de la Corte.
Al respecto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, apuntó: “Es una Corte política partidaria, porque juegan para Juntos por el Cambio. Ni siquiera disimulan, ni quieren disimular”. Y agregó: “Muchos de nuestro espacio político fueron cómplices en la composición de esta Corte”.
