La vicepresidente del bloque de la UCR de diputados nacionales, Carla Carrizo, junto a 30 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, pidieron actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral vinculado al uso de recursos públicos.
A través de un proyecto de ley, Juntos por el Cambio solicita incorporar el reparto de subsidios, las transferencias discrecionales y las alteraciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas. Además, se establecen específicamente las sanciones a funcionarios que tengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han ocurrido durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y que no tienen una tipificación específica en la ley.
De esta manera, quedaría prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones las PASO (primarias, abiertas y simultáneas) y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y/o transferencias no contempladas en el Presupuesto Nacional o a nuevos beneficiarios, como así también la celebración de convenios administrativos entre Nación, Provincias y Municipios para la ejecución de recursos públicos.
Además, quedaría prohibido durante los veinticinco 25 días anteriores a las elecciones primarias la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten y se prohíbe la utilización de bienes propiedad del Estado para actividades de campaña electoral.
Los funcionarios públicos que autoricen la publicidad de actos de gobierno serán pasibles de inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos.
Se impondrá prisión de hasta 3 años e inhabilitación de 1 a 8 años para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al funcionario público que condicione la prestación de un servicio público, la entrega directa de bienes, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.
“En las democracias en general y en Argentina en particular, la Ética Pública –el gran debate ausente- de los funcionarios de gobierno no se debe suponer se debe regular. No alcanza con las cautelares de la justicia electoral, el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa. Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir, ni avalar”. explicó la candidata radical sobre el proyecto.
“Las cautelares de la Justicia electoral minimizan daños menores, pero no impiden transferencias enormes a las provincias que van para los gobiernos en elecciones o para la caja política, no para la ciudadanía”. finalizó Carrizo.
El proyecto cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Lidia Ascárate, Ximena García, Jorge Vara, Gabriela Lena, José Luis Riccardo, Lorena Matzen, Ricardo Buryaile, Federico Zamarbide, Dolores Martínez, Martín Berohngaray, Julia Marcolli, Aida Ayala, Gerardo Cipollini, Juan Manuel López, Adriana Ruarte, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Pablo Torello, Brenda Austin, Jorge Enríquez, Gustavo Menna, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Gonzalo del Cerro, Mónica Frade, Laura Castets, Sofía Brambilla y Leonor Villalba.
