Con la firma de Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el gobierno formalizó la disolución de la UEI a través del decreto 727/2024. De esta forma, se puso fin a una dependencia que, desde 2004, se había encargado de colaborar en la búsqueda de identidad de los bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Entre los argumentos figuraba que, como dependía de una secretaría nacional, su función violentaba la división de poderes a diferencia de otras UEI que dependen del Ministerio Fiscal Público, como la que investiga el atentado a la AMIA.
Si bien el Gobierno debió crear otra dependencia para estar al día con los pactos internacionales a los que suscribe Argentina, se trata de una decisión que generó controversias en el arco político, en línea con el giro ideológico del gobierno libertario en materia de derechos humanos, particularmente después de la polémica visita de legisladores libertarios a genocidas en la cárcel.
Tanto que ahora el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que creará una unidad especial con el mismo fin en el ámbito provincial.
Los argumentos del Gobierno para cerrar la UEI
El gobierno nacional argumentó que la existencia de la UEI violaba la separación de poderes establecida por la Constitución Nacional, ya que se le permitía acceder a archivos de varios organismos y dependencias del estado para acceder a información sensible que pudiera dar con nuevos hallazgos.
Pero según el Ministerio de Justicia, el organismo realiza funciones que corresponden al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, lo cual consideraron incompatible con el marco constitucional argentino.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia afirmó que la UEI “violentaba el régimen constitucional” y “violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”. Además, sostienen que la unidad había accedido de manera directa y discrecional a información sensible, lo que, según el gobierno, contraviene los derechos fundamentales enmarcados en la constitución nacional.
“Este Gobierno respeta la división de poderes y vela por la protección irrestricta de los derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Por lo tanto, la existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional”, escribió en X Cúneo Libererona. Por su parte, el presidente Milei defendió la medida, citando una sentencia de la Corte Suprema que refuerza la separación de poderes y criticando la posibilidad de que un organismo ejecutivo asuma competencias judiciales.
Como contraparte, y para cumplir con las obligaciones que tiene Argentina hacia los pactos de derechos humanos, el Gobierno creó en su lugar una nueva “Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado”, que estará bajo la órbita de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente de la Procuración General de la Nación.
Las críticas al cierre de la UEI
Sin embargo, esta decisión fue recibida con una mezcla de sorpresa y preocupación, especialmente luego de que referentes del área de derechos humanos denunciaran un supuesto vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por ley durante el menemismo. Esta dependencia supervisa la UEI disuelta por Milei, y se vio directamente afectada por el desmantelamiento de esta unidad.
A pesar de que el gobierno justifica la medida por cuestiones de legalidad, muchos críticos argumentan que este movimiento debilita la capacidad de Argentina para abordar el oscuro legado de la dictadura militar, en medio de un Gobierno que dio señales en favor de rever la historia, tal como evidenciaron los diputados libertarios que visitaron a genocidas en la cárcel.
En respuesta a este cierre, Pablo Parenti, titular de la UEI desmantelada, expresó su preocupación por la pérdida de una estructura que, durante 20 años, desempeñó un papel crucial en el sistema de justicia. En sus declaraciones, Parenti subrayó: “La labor de la UEI en esos 20 años fue sumamente importante para el sistema de justicia. En estos 20 años ningún juez, ni fiscal cuestionó el trabajo de la UEI”. Según Parenti, “cientos de causas se originaron en denuncias remitidas por la CONADI sobre la base del trabajo de la UEI. Incluso en varios casos, eso posibilitó el hallazgo de hijas e hijos de desaparecidos”.
Parenti también destacó la importancia de mantener la labor que la UEI realizó en coordinación con el sistema de justicia: “Es fundamental que esa tarea articulada entre la CONADI y el sistema de justicia, tan importante para la búsqueda de niños y niñas apropiadas durante el terrorismo de Estado, no se detenga”.
Además, hizo hincapié en que el poder ejecutivo tiene organismos con capacidad de investigar preliminarmente, como la Oficina Anticorrupción y la UIF, que sirven como ejemplos de cómo el Ejecutivo puede colaborar sin invadir las competencias judiciales.
Nos reunimos con la presidenta de @abuelasdifusion, Estela de Carlotto, y hemos tomado la decisión de crear una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.
Ayer nos enteramos que por decisión del presidente… pic.twitter.com/pB7vZNOXcp
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 15, 2024
Kicillof creará una “unidad provincial especializada”
En contraste, la provincia de Buenos Aires anunció la creación de su propia unidad especializada para continuar la búsqueda de los hijos de desaparecidos. El gobernador Axel Kicillof, en una reciente declaración, afirmó que la nueva Unidad Provincial Especializada se establecerá en colaboración con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Kicillof destacó que, a pesar del desmantelamiento de la UEI nacional, la provincia seguirá comprometida con la búsqueda de los aproximadamente 300 nietos y nietas que aún están en búsqueda de identidad. Esta unidad provincial tiene como objetivo “profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y garantizar que el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo continúe sin interrupciones.
Este nuevo desarrollo subraya una notable diferencia en la forma en que se abordan las investigaciones de derechos humanos entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales. Mientras el gobierno de Milei elimina una estructura nacional y centralizada para la investigación de apropiaciones de niños, la provincia de Buenos Aires opta por crear una nueva entidad con un enfoque local. Este paralelismo resalta las tensiones entre la centralización y la descentralización en la justicia y la memoria histórica en el país.
