La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe referido al funcionamiento del Sistema de Estadística Criminal y el Mapa del Delito, dos herramientas clave para el diseño de políticas de seguridad en la Ciudad. Sin embargo, la evidencia revela graves deficiencias en las tareas que deben cumplirse, registros que muestran fallas en la tecnología utilizada y falta de transparencia en el manejo de la información.
El diputado Matías Barroetaveña plantea que “la prevención del delito requiere de un patrullaje inteligente y para ello es condición necesaria contar con un mapa del delito que se alimente con información de calidad”. Según el informe, la Auditoría detectó que no existe documentación que certifique que el sistema cumple con los estándares de gobernanza y gestión tecnológica exigidos. Además, el proceso de recolección y tratamiento de los datos es deficiente: la información se obtiene de múltiples fuentes sin un criterio unificado, se siguen utilizando procesos manuales como el Excel para normalizar los datos y no hay estandarización en los formatos.
En este sentido, el Auditor General peronista Lisandro Teszkiewicz advirtió que “sin datos confiables es imposible diseñar políticas de seguridad efectivas. El Gobierno porteño tiene una herramienta indispensable que podría servir para prevenir el delito, pero la realidad siempre es otra, como la indefendible demora en la construcción de las comisarías porteñas Nros 3, 9 y 10”.
Además, el Diputado Matías Barroetaveña agrega que este informe de la AGCBA plantea serios interrogantes respecto a la calidad de la información que genera el mapa del delito para su utilización en la planificación, desde un patrullaje inteligente que priorice las cuadras y lugares públicos donde más se concentran los delitos (como robos y hurtos que aumentan año tras año después de la pandemia) hasta para direccionar la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) en las jurisdicciones de las Comisarías donde haga falta reforzar la presencia policial. En otras palabras, frente a la pregunta, ¿cómo se produce la información del mapa del delito empleada para diseñar el patrullaje en CABA? el informe de la AGCBA tiene la respuesta.
Otra de las falencias detectadas es que no existe ningún modelo de gestión de seguridad de la información, esto quiere decir que no hay manuales, no existen filtros ni reglas que cumplir a la hora de gestionar, lo que deja abierta la posibilidad de errores, omisiones o manipulación de los datos. Además, el Mapa del Delito, que debería brindar información pública clara y accesible, no especifica si los datos que muestra corresponden a denuncias, imputaciones o condenas, generando confusión en los vecinos y dificultando la toma de decisiones.
“El Mapa del Delito podría aportar mucho a la seguridad ciudadana, pero si la información que está publicada tiene más de un año de retraso y encima se omiten datos clave como los homicidios, entonces pierde toda utilidad. Recordemos que en el último año volvieron a aumentar los homicidios, los robos con armas, casi todos los delitos, y el exceso de detenidos en las alcaldías que se duplicó. Es imprescindible fomentar la participación ciudadana brindándole, a través del Mapa del Delito, información que, si es de calidad, le permitiría a los vecinos y las vecinas tener un rol activo en la seguridad, o al menos tomando recaudos en las zonas más inseguras donde el Gobierno de la Ciudad es incapaz de cumplir su rol”, remarcó Teszkiewicz.
En este orden de ideas, el Diputado Matías Barroetaveña agrega que tampoco la publicación del actual Mapa del Delito es útil para que los vecinos y las vecinas puedan exigirle al Ministerio de Seguridad, a través de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP), una rendición de cuentas sobre dónde y cuándo emplear los recursos policiales. Además, la publicación de un mapa de estas características no incentiva a que las personas denuncien los delitos, aumentando así la cifra negra (subregistro de delitos) que impide realizar un diagnóstico lo más cercano posible a la realidad sobre la inseguridad en el territorio porteño.
Entre otras irregularidades, el informe destaca que no se garantiza la continuidad del personal técnico responsable del mantenimiento del sistema, ya que muchos trabajan bajo contratos precarios. Además, no se especifica si el servicio está respaldado por una solución de alta disponibilidad que minimice el tiempo de inactividad ni si se realizan respaldos y restauración de la información de manera regular.
“El Gobierno tiene que garantizar un sistema con transparencia y criterios técnicos sólidos. Sin datos claros y sin estructura, las políticas públicas de seguridad son solo discursos vacíos. Recordemos que tenemos más presupuesto por habitante que la ciudad de Madrid y sin embargo la seguridad de la ciudad es cada vez más precaria. El gobierno del Pro demuestra una vez más que no le interesa mejorar la infraestructura y gestión. En vez de patrullar la ciudad en situaciones de urgencia (como el corte de luz masivo), prefiere mandar a la policía a desalojar familias, sobrepoblar comisarías, reprimir manteros, jubilados y suspender recitales”, concluyó Teszkiewicz.