El presidente Javier Milei siguió de cerca las negociaciones que el oficialismo mantuvo con los legisladores nacionales durante el miércoles, tras la firma del dictamen por la Ley Ómnibus, y la disputa mediática contra los mandatarios provinciales que lideró el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien respaldó: “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, lanzó, sin rodeos ante la atenta mirada de sus ministros, luego de que trascendiera que el conteo de votos en la Cámara de Diputados muestra un escenario complejo para oficialismo.
En rigor, más que un respaldo, fue la continuidad de una estrategia que vienen desplegando Milei y Caputo en las últimas semanas para persuadir a que los gobernadores, que necesitan fondos frescos para cubrir el rojo fiscal de sus provincias, a convencer a los diputados y senadores a votar el proyecto “Bases para la libertad de los argentinos” que promueve el Gobierno.
El plan tuvo como primer capítulo el aviso por parte del Gobierno respecto a que no se avanzaría con la reversión de los cambios en Ganancias dispuesto por Sergio Massa en su etapa como ministro de Economía, en el marco del “plan platita” impulsado durante la campaña electoral; y se acentuó en los últimos días con la advertencia del jefe de Estado de que planteará un esquema de “transferencias cero” a las provincias.
Y el miércoles Caputo insistió con un desafío público a los gobernadores: contó que reunió a su tropa “para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. “No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, aclaró.
Dirigentes de la oposición, como el diputado Miguel Pichetto, presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, le contestaron con dureza: “Tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, le respondió. Y recordó que “no tuvo la valentía” de presentarse en el Congreso a defender el proyecto.
En Gabinete, Caputo se sumó a la línea trazada por Milei y explicó a sus pares: “Si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias”. Con esto se refiere a todos los desembolsos por fuera de la masa coparticipable: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las obras, los programas para distintas áreas acordados con cada gobernador y otras partidas discrecionales, que en 2023 oscilaron en total en torno a los 2 billones de pesos.
Milei completó el concepto: “Vamos a socializar el costo de la ley. Las más perjudicadas van a ser las provincias si esta ley no se aprueba”.
En paralelo, en una sugestiva medida, el Gobierno anunció, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, que va a promover “en lo inmediato” la creación de “una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos”, especialmente en los supuestos de “enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”. “Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito”, dijo el portavoz.
En la Casa Rosada, por si quedaban dudas de la intencionalidad, aclararon que no sólo investigará a funcionarios nacionales sino “también gobernadores, funcionarios provinciales y del Poder Legislativo”.
La postura de los gobernadores
La aprobación de la suba de las retenciones industriales y a la producción agrícola pampeana no es negociable para los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Hasta ayer, después de las negociaciones que desembocaron en el dictamen del plenario de comisiones, ese punto se iba a definir en la votación en particular de esos artículos.
El planteo de Caputo tomó por sorpresa a los gobernadores. Hay algunos que dudan de si actuó sin consultar con la Casa Rosada o si se trata de una “estrategia” consensuada. “Más allá de los números, lo que se pone en riesgo es la gobernabilidad. Es innecesario”, desliza el ministro político de un distrito grande.
El adicional por suba de retenciones representa 0,5 puntos del PBI según el cuadro que presentó el propio Caputo públicamente; más o menos la mitad lo aportan las cargas sobre el campo pampeano. De los 5,2 puntos de ajuste planteado por el Ministro, un tercio depende del Congreso.
Entre los seis puntos que los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron incluir en el dictamen de comisión y el Ejecutivo aceptó hay uno referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Aceptaban que pasara de Anses al Tesoro Nacional, pero “compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas”.
Esas cajas son 13; están las de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Antes de que llegara el proyecto de ley ómnibus al Congreso, algunos funcionarios nacionales consensuaban que pagarle a esas provincias la deuda que se acumuló durante el gobierno de Alberto Fernández porque Anses no cumplió con la actualización presupuestada de los giros era una vía para aplacar el ánimo de los gobernadores.
los gobernadores más “dialoguistas” -Llaryora, Pullaro, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Ricardo Jaldo- deambulaba la duda de “si realmente el Gobierno quiere la ley; hay actitudes que son inexplicables”. Insisten en que vienen negociando “de buena fe” e incluso “colaborando” para que saliera el dictamen de comisiones y que los sorprende no solo lo de Caputo sino que, por ejemplo, el dictamen no incluyera lo acordado con los mandatarios de JxC. Hasta el martes seguirán las dudas y las negociaciones.
La frase y la salida de Ferraro
El Gabinete de Javier Milei sufrió este jueves su primera baja. En una sorpresiva decisión, el Presidente echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Si bien hasta el momento no hubo información oficial, al parecer el jefe del Estado lo responsabiliza de “filtrar información reservada” de la gestión de La Libertad Avanza (LLA)
Según fuentes no oficiales, Milei considera que Ferraro dejó trascender una frase suya pronunciada en la reunión de Gabinete llevada a cabo este jueves en la Casa Rosada, en la que habría dicho que si los gobernadores no acompañan la Ley Ómnibus los dejaría “sin un peso”.
