Sus tiempos de gloria en la política vernácula quedaron muy atrás. Ahora nadie se acuerda de él y es mejor no mencionarlo. Retirado de la función pública por la puerta del fondo y ante un futuro juicio oral por la tragedia de Once, que lo tendrá en el banquillo de los acusados, pesando en su contra una dura imputación, que lo acercaría a la cárcel, su porvenir se oscurece con el transcurrir de los días. Esa es la situación actual del exsecretario de Transporte kirchnerista, Juan Pablo Schiavi.
Pero, Schiavi no está dispuesto a ser el pato de la boda y quedar ante la sociedad como el mayor responsable gubernamental de la tragedia. “Schiavi no hacía la vista gorda con los Cirigliano por propia voluntad, el era el nexo entre ellos y el ministro de Planificación Federal de la nación, Julio De Vido, quien junto al expresidentes Néstor Kirchner se encargaron de los arreglos con las empresas que concesionaban el ferrocarril. Eso es evidente la justicia no puede creer que actuaba por su cuenta”, le explicó a Noticias Urbanas un hombre cercano a la defensa del ex funcionario K.
“Una vez que se fue del gobierno, a Schiavi le soltaron la mano y nadie en el kirchnerismo se acordó de él. Ni siquiera De Vido tuvo un detalle. Por eso, si ve que su situación procesal se si que complicando está dispuesto a contar todo lo que sabe y eso deja en una muy mala situación a su exjefe político”, amenazó la fuente antes consultada.
El 11 de enero el juez federal, Claudio Bonadío, elevó a juicio oral y público el expediente que busca determinar las causas y los responsables de la mayor tragedia ferroviaria de la Argentina, en donde murieron 51 muertos y más de 700 heridos.
Tanto Ricardo Jaime, como Schiavi, quienes condujeron la política de transporte durante el gobierno de Néstor Kirchner y en los inicios de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fueron procesados por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo por su responsabilidad en la falta de control que derivó en la tragedia de Once.
Según los familiares de las víctimas en el expediente existen pruebas de los negociados entre los funcionarios del área de Transporte y los responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, quienes tenían la concesión del Sarmiento. En la pesquisa judicial se detalla un informe de la Auditoría General de la Nación sobre las infracciones de TBA que eran pasadas por alto por el gobierno nacional. A esos se sumaban las omisiones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según el fiscal de la causa, Federico Delgado, los funcionarios kirchneristas privilegiaron los intereses de TBA.
La misma imputación que pesa sobre Schiavi y Jaime, también alcanzó al exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, y a los ex interventores en al Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro..
A los hermanos Cirigliano, la justicia los halló responsables del delito de estrago culposo y administración fraudulenta. Bonadio los había procesado porque consideró que integraban una asociación ilícita que manejó a su antojo los millonarios subsidios recibidos del Estado nacional. El caso por los subsidios será investigado por el juez Sebastián Ramos.
Los camaristas, según se lee en el fallo, también conminaron al Estado “como titular indiscutido de los bienes concesionados y a través del organismo pertinente, brindar apoyo y contención a las víctimas y familiares del choque ferroviario, previendo y disponiendo de todos los medios adecuados para darles integral asistencia”.
