Los juicios del Estado los paga el Estado, es decir, lo pagamos todos. Por ende, la concreción jurídica debe crecer, al tiempo que debe aminorar el libre albedrío.
Para entrar en contexto… el pasado año la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el pedido de Argentina para que la demanda por la estatización de YPF se resuelva en los tribunales nacionales al confirmar la jurisdicción de este país, y ahora la situación se complica para Mauricio Macri.
Esto deriva en varias complicaciones para el “pueblo argentino”. En principio, que aunque el juicio se llevara a cabo, finalmente, en tierra albiceleste es cierto que tendríamos más posibilidades de un resultado favorable, también es cierto que no causa buena reputación con el resto del mundo.
Aunque hiera el nacionalismo que se lleva por bandera en este caso, resulta que es también un caso perdido para la Argentina, quien insiste a altos costos, no solo de nuestra imagen en el globo terráqueo, sino de la constancia de las malas decisiones que el Estado toma en contra del propio Estado.
El kirchnerismo, en su momento, liderado por Axel Kicillof en este tema, y ahora por el oficialismo de Cambiemos, siguen sin reconsiderar el gasto que significa mantener esta causa abierta, en especial en los tiempos que corren, donde el “ajuste” es suplicado por el mandatario en todos los ámbitos, excepto en aquellos donde al estatismo le ganan ampliamente los derechos privados.
Números
Los cálculos de cuánto dinero pierde el Estado es tarea difícil para cualquier mortal. Pero a simplificar: la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos permitió a Petersen Energía Inversora SAU una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria de 25% de YPF. Seguir adelante con sus reclamos de incumplimiento de la ley y permitió que el caso procediera bajo la excepción de “actividad comercial” del Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA).
Así, el reclamo del fondo Burford Capital, quien compró la quiebra de la participación de grupo Petersen tras la estatización de YPF, es por 3 mil millones de dólares.
En ese entonces, tras conocerse el fallo, fuentes del Gobierno explicaron que “ahora el caso vuelve a manos de la juez neoyorquina Loretta Preska, quien deberá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio, lo que se conoce como discovery”.
Es que la demanda acusa al país de expropiar 51% de YPF en 2012 en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.
En otro orden de cosas, la estrategia oficial buscaba tener una respuesta y acelerar el proceso, confiados en que se podrán presentar argumentos “técnicos y políticos sólidos”. Pero no sucedió como se esperaba.
A saber: una expropiación del 51% de las acciones de una empresa comercial es, en realidad, un acto “soberano” hasta el alcance de esa expropiación. Es decir, ese 51% que Argentina eligió expropiar con el fin de ahorrarse la indemnización del otro 49%. La indemnización, entonces, es correspondiente al otro 49% no expropiado.
Defensa argentina
La defensa argentina se rasga las vestiduras adjudicándose la razón, o mejor dicho, las vestiduras de la economía de los argentinos, que deberán pagar abogados y trámites judiciales millonarios que no dependen de los resultados del caso.
Pero es que hay un blanco en la argumentación: se elige no expropiar al 49%, pero se pretende que los compromisos accionarios se manejen dentro del marco jurídico de una expropiación. Argentina canta su propio “jaque”.
El nacionalismo lastimado con el que se piensa que no pagar la indeminización a los accionistas en cuestión significa un ahorro para la Argentina (en el caso de ser posible), es no comprender que mayor pérdida son los negocios que jamás tocarán nuestras puertas, asustados por la desconfianza que genera la poca audacia de la lógica judicial y financiera que maneja la defensa argentina. Dejar de pagar cuentas no es, a toda luz, una forma de crecimiento económico.
Para reconfirmar esta lógica de falso nacionalismo, la defensa argentina ahora suma una nueva temática: la forma en que Repsol le otorgó acciones también al grupo Petersen, y cuyo juicio sería llevado adelante por la misma Repsol.
El pasado jueves, en la primera audiencia que tuvieron los representantes legales de Argentina e YPF con los abogados del fondo de inversión Burford en las oficinas de la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, buscó sin éxito impugnar la compra de acciones de la petrolera entre 2008 y 2001 por parte del conglomerado de compañías comandado por Enrique Eskenazi.
Allí el Gobierno argumentó que el acuerdo entre Repsol y el Grupo Petersen es de “naturaleza impropia” y que causó daño al Estado y al “pueblo argentino”.
La Argentina sostiene que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos “que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF”.
La vara de nuestro nacionalismo no definirá la solvencia y confiabilidad del “pueblo argentino” del que habla el Ejecutivo, sino la lógica jurídica con la que se atienden caprichos que, como siempre, pagará nuevamente ese “pueblo argentino”.
