Cada vez que llega la modernidad, por reacción los “tradicionalistas” se esmeran fuertemente en abogar por la defensa del viejo orden, el que tranquiliza a sus usuarios y beneficiarios. Son los que quieren que “todo siga como está”. Por el contrario, los “modernistas” no devienen simplemente en los que miran al futuro al traer la novedad: se convierten en fundamentalistas del progreso, despotrican furiosamente contra aquello que se debe abandonar para hacerles espacio a las nuevas tecnologías y acusan a los tradicionalistas de todos los males del pasado.
El general Juan Domingo Perón, tres veces presidente constitucional de la Argentina, buscaba poner paños fríos en estas coyunturas, asegurando que no era necesario “tirar todos los días a un viejo por la ventana” para aceptar lo nuevo que llegaba.
En la antigua –aunque vigente– película Tiempos modernos, filmada en 1936, pudo verse a un cada vez más inquieto y desesperado Charles Chaplin apretando tuercas hasta la locura, para terminar en un hospital mental. Luego, al ser liberado, toma una bandera roja (suponemos, porque era en blanco y negro) que se cae de un camión y, en una escena antológica, mientras la agita para avisarle al camionero que se le cayó, una manifestación aparece detrás de él y la policía lo encarcela, al creer que era el líder de los huelguistas.
Esta visión conflictiva de los adelantos tecnológicos tiene que ver con el desconocimiento que tenemos de los cambios que, necesariamente, causarán en nuestra vida diaria.
El simple hecho de votar
En la Ciudad de Buenos Aires, la modernidad significa que los porteños estamos a punto de vivir un cambio fundamental en el ejercicio del acto fundante de la democracia, que es el voto. Quedarán atrás las viejas boletas de papel de diario, que serán reemplazadas por una muy sofisticada papeleta, la Boleta Única Electrónica (BUE), que se colocará en una computadora, se le marcará el voto en una pantalla táctil y se imprimirá en un chip similar a los de las tarjetas de crédito. Finalmente, esa papeleta, que le fue entregada al votante por el presidente de mesa, que cortó una parte troquelada y se la quedó, es introducida en la urna, previa comprobación de que el troquel coincide con el retenido en primera instancia.
Al votar, el ciudadano podrá comprobar que votó lo que realmente quiso acercando el chip a la computadora, que le mostrará la boleta que eligió.
Cuando termina el horario de votación, el presidente de mesa utiliza el mismo sistema por el que el elector comprueba su voto: acerca la boleta a la computadora, que procesa así los votos a medida que se le apoyan.
En realidad, la BUE no es un voto electrónico, que utiliza un sistema informático, que incluye una urna electrónica. Es solo una computadora y una impresora, que imprime en un chip la decisión del votante y no posee ninguna memoria adicional al programa que se carga con la BUE, precisamente. El sistema solo imprime, pero no guarda los datos. Y este dato es importante, como se verá más adelante.
No todo brillo es moneda
Así descriptas, las cosas parecen color de rosa. La tecnología es perfecta, acelera el recuento de los votos –uno de los principales argumentos de sus defensores– y además otorga una sensación de modernidad incomparable.
Pero el sistema no es infalible. Para empezar, la licitación, que le fue otorgada a la empresa Magic Solutions Argentina (MSA), que es la proveedora del sistema de votación de la provincia de Salta y de la provincia ecuatoriana de Azuay, exigió el desembolso de unos 165 millones de dólares, pero para tareas no previstas.
Según los planes, la empresa iba a proveer las máquinas y el sistema para utilizar la BUE el 26 de abril último, para la realización de las PASO porteñas, pero en el Gobierno se dieron cuenta de que habría que realizar intensas campañas de capacitación para los votantes y las autoridades de mesa, y que no alcanzaba el tiempo que restaba entre la licitación y la elección. La decisión fue entonces postergar la entrada en vigor del sistema para las elecciones a jefe de Gobierno, legisladores y comuneros, que se producirán el 5 y 19 de julio próximos, teniendo en cuenta que podría existir segunda vuelta si nadie alcanza el 50 por ciento de los votos.
Improvisando a lo Charlie Parker
Como el sistema no fue utilizado, comenzaron a acumularse las desprolijidades. MSA fue contratada a último momento para realizar el recuento de los votos, una tarea para la que no contaba con antecedentes ni experiencia. Contrataron a 200 data entries y encararon la tarea con valor, pero no con eficiencia, según veremos.
El resultado no fue el esperado. El sitio web del Gobierno porteño (www.paso2015.gob.ar) comenzó a entregar datos cerca de la medianoche, cuando el director electoral de la Ciudad, Ezio Emiliozzi, había asegurado que iban a comenzar a las 21.
Sin conocimiento no hay legitimidad
El Tribunal Superior de Justicia encargó a la insospechable Defensoría del Pueblo de la Ciudad la tarea de instalar unas mil máquinas para comenzar a capacitar a los que quisieran en las delicias de la BUE.
La tarea fue cumplida el 26 de abril, y unos 300 mil porteños se prestaron al rápido curso de capacitación que encaró el equipo de la Defensoría.
Quedaron flotando las palabras del defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, que declaró, pasados los comicios, que “el voto es un derecho, y para garantizar que ese derecho se consagre es necesario que el sistema sea conocido por todos. El conocimiento del sistema es fundamental porque la BUE modifica un hábito centenario, incorporado culturalmente por todos. Sin conocimiento no hay legitimidad”, concluyó.
La tarea que resta es gigantesca. En la provincia de Salta, que es uno de los antecedentes más inmediatos, recién después de tres elecciones se utiliza el sistema en su totalidad. Mientras tanto, se mezcló la utilización de un sistema mixto, en el que convivieron el papel y las computadoras, es decir, lo viejo y lo nuevo. Para desterrar la boleta de papel, debieron capacitar y acostumbrar a los salteños al misterioso aparato que debían utilizar, que les hizo cambiar sus tradicionales hábitos de votación.
Implementar el sistema con solo dos meses de tiempo es, quizás, algo apresurado. En la Ciudad existe un alto índice de formación en la utilización de herramientas informáticas, aunque también existe un buen índice de adultos mayores, que son el problema a la hora de utilizar este tipo de sistemas. Quizá sea hora de repensar, de recalcular y comenzar con un sistema mixto, pero esa será una decisión de las autoridades.
El próximo conflicto podría llegar cuando los dirigentes de la oposición intenten auditar el sistema que proveerá MSA. La empresa siempre se ha mostrado reacia a permitirlo, aduciendo sus derechos a preservar el copyright, y eso puede desatar pedidos de informes y hasta presentaciones judiciales, si las cosas llegaran a mayores.
Un mundo que no compra espejillos de colores
El próximo paso que se plantea el Gobierno porteño es el de implementar la urna electrónica, para volver integralmente informatizado el sistema, pero más allá de las discusiones es necesario aclarar que el sistema no es nuevo y que ha sido utilizado con variada fortuna en distintos lugares del mundo. Si bien se sigue utilizando en países como los Estados Unidos y Venezuela, las dudas no dejan de echar sombras contra el sistema, centradas en la facilidad para vulnerarlo, en el rechazo a que empresas privadas administren el derecho fundante de la democracia y en las dificultades para que el ciudadano común pueda auditar el sistema, cerrado hasta ahora solo a los expertos informáticos y electrónicos.
Para muestra, basta recordar la multitud de dudas que dejó la definición de la votación presidencial en los EE.UU. en 2000, cuando el republicano George W. Bush le ganó al demócrata Al Gore en una elección que se definió en el estado sureño de Florida, que gobernaba Jeb Bush, el hermano menor del presidente, en medio de fundadas denuncias de fraude y corrupción. Además, es bueno recordar también que al menos dos de las tres empresas más importantes que proveen el sistema de voto electrónico en los EE.UU. están vinculadas con importantes dirigentes del Partido Republicano, que poseen participación accionaria en ellas.
Germánica desilusión. En Alemania, la urna electrónica comenzó a utilizarse en 2005, pero ante una larga serie de cuestionamientos, en 2009 el Supremo Tribunal Constitucional (la Corte Suprema) declaró que la utilización del voto electrónico es “inconstitucional”. ¿La razón? El sistema, tal cual fue diseñado, solo permitía su fiscalización a las personas que poseían conocimientos técnicos muy avanzados y, por lo tanto, les estaba vedado a los ciudadanos de a pie.
Tampoco el fin del mundo. En 2006, en medio de la ola modernista, Finlandia aprobó el voto electrónico para ser utilizado en las elecciones municipales de 2008, para lo cual se hizo una prueba preliminar en tres alcaldías. La votación debió ser anulada por una serie de problemas en su implementación. Finalmente, en 2010, el gobierno finlandés decidió no usar más el sistema hasta que existiera una tecnología más confiable.
Un naranja desteñido. Holanda fue el país pionero en la modernización de su sistema de votación. Comenzaron a desarrollar tecnologías para tal fin en 1965, pero en 2006, ante la multiplicidad de problemas que se presentaron, un equipo de investigadores detectó que existían fallas de seguridad. En 2008, finalmente, el gobierno anunció la vuelta a la antigüedad del papel. Actualmente, los holandeses están desarrollando sistemas de voto telefónico y por internet, sin la obligación del votante de presentarse en el lugar de los comicios.
Irlanda tampoco. De la anaranjada Holanda a la verde Erin no hay un camino demasiado extenso, pero existen coincidencias en sus problemas con el voto electrónico. En 2000, el gobierno autorizó la utilización de urnas electrónicas y en 2002 se implementaron en Dublín norte, Dublín oeste y en Meta. El votante disponía de un tablero electrónico con una pantalla, donde seleccionaba a sus candidatos en el orden de preferencia que deseara. En 2004, ante las quejas, se creó una comisión de expertos para que evaluaran dos temas en especial: la seguridad (ante el hackeo) y la confidencialidad del voto. La conclusión fue contundente: dictaminaron que la seguridad era insuficiente y que la transparencia no estaba garantizada. En 2009, el gobierno abandonó el voto electrónico, tanto por las conclusiones de los expertos y la desconfianza del público como por los costos excesivos que había pagado por el sistema. Como colofón, en 2012, el gobierno se deshizo de las 7.500 máquinas que poseía.
La flema inglesa, alterada. En el Reino Unido se implementaron más de 30 pruebas piloto entre 2002 y 2007, en las que se utilizaron diferentes sistemas. En 2008, la Comisión electoral declaró que la seguridad era insuficiente y determinó el abandono del sistema.
Métodos de control más afinados.
En resumen, no se puede confiar en que solamente la honestidad de los gobernantes y los empresarios sea la garantía de la transparencia del sistema. El clamor de los dirigentes –en especial, opositores– es que se afinen cada vez más los sistemas de control de los funcionarios, por lo que no debe existir un sistema que solo sea auditable por ellos mismos ni menos aún por quienes resulten adjudicatarios de una licitación.
El sistema debe ser diseñado, además, no por empresas privadas, sino por las autoridades judiciales especializadas en lo electoral y por los técnicos que abundan en las universidades, que además deben especializarse en capacitar a los fiscales para que auditen a las empresas. Cosa que no ocurre con el sistema que se intenta implementar en la Ciudad de Buenos Aires.