La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno porteño que, en un plazo de 10 días, cumpla con su deber de brindar información a la comunidad educativa sobre la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA).
El amparo había sido iniciado por un grupo de rectoras y rectores del CESGE, patrocinados por el defensor oficial, Ramiro Dos Santos Freire, quienes solicitaron que el Ministerio de Educación porteño informe entre otros puntos, si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos. En cuanto a la transferencia del personal a UniCABA, pedía que se aclare si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad.
Los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Carlos Balbín consideraron que, respecto de algunas de las preguntas efectuadas, las respuestas brindadas por el Ministerio de Educación eran una réplica parcial e insuficiente, ya que omitía detallar los antecedentes académicos y profesionales de quienes elaboraron el proyecto, la estimación presupuestaria, si está prevista la financiación a través de organismos internacionales de crédito, qué cantidad de establecimientos se transferirán, cuál es el cronograma y qué inmuebles se utilizarán.
Además, resaltaron que el Ministerio tampoco detalló qué pasará con el personal interino del nivel terciario. En efecto, explicaron que si bien el GCBA sostuvo que el proyecto incluye a “todo” el personal y se propone “garantizar la estabilidad laboral”, dado que los interinos no gozan de este derecho, la respuesta no resulta clara en torno a si los abarca también a ellos.
Es preciso mencionar que más de 600 adhesiones se habían sumado al amparo, tanto de parte de docentes, como de consejeros, representantes de los sindicatos, personal no docente, cooperadoras y de la coordinadora de estudiantes terciarios
Finalmente, los jueces señalaron que el pedido respondió a un criterio de practicidad y gestión profesional frente a la cantidad de consultas recibidas (más de seiscientos coactores), en particular considerando que la ley N° 104 de la Ciudad -Acceso a la Información Pública- establece, justamente, el principio de eficiencia.
Por su parte, Dos Santos destacó la sentencia y aseguró que “la falta de información adecuada ha generado una gran incertidumbre en la comunidad educativa, ya que la disolución de los profesorados afecta el trabajo formativo que vienen desarrollando docentes y alumnos y genera un perjuicio en todo el sistema educativo”.