Menos de dos semanas después de celebradas las elecciones primarias, la Cámara Nacional Electoral alzó la voz con duros cuestionamientos a normas y procedimientos surgidos de la última reforma política que promovió el kirchenrismo y sancionó el Congreso. Los jueces del tribunal firmaron una acordada con sus planteos y pidieron una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para transmitir sus preocupaciones.
En el documento, la Cámara sostuvo que es “imperiosa” la necesidad de modificar el sistema de boletas a partir de los “problemas que ha suscitado en las últimas cuatro elecciones nacionales”. En efecto, los comicios del pasado 9 evidenciaron una vez más inconvenientes con las boletas relacionados tanto a la confección y el orden como a su dimensión, que en casos como Catamarca superó el metro de longitud.
La Cámara llamó a dar “un debate sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio”. Y apuntó que “aunque la definición de muchas cuestiones puede hallar solución razonable dentro del marco legal vigente, difícilmente pueda encontrarse una respuesta ideal mientras subsista el sistema actual”.
El cronograma electoral, que este año alcanzó un récord de citas a lo largo del país, fue otro de los puntos objetados por la Cámara. Es que algunos distritos irán a las urnas hasta seis veces en 2015. Pese a que admitieron que ello resulta del federalismo que impera en la Argentina, los jueces Santiago H. Corcuera, Alberto R. Dalla Via y Rodolfo E. Munné señalaron que otros países con iguales regímenes han encontrado la manera de concentrar el período.
En la acordada, los magistrados insistieron en pedir al Congreso –como lo hicieron en otras oportunidades, hasta ahora sin resultados– que se perfeccionen las normas sobre campañas electorales, publicidad oficial y encuestas electorales.
Atentos a que el Parlamento inició semanas atrás una discusión referida a una ley para regular los debates presidenciales, los camaristas expresaron una serie de consideraciones a favor de la iniciativa. “Contribuyen al logro efectivo del mandato constitucional que garantiza la difusión de las ideas de las agrupaciones políticas” y “fortalecen también la integridad y legitimidad de los procesos electorales”, indicaron.
En ese orden, advirtieron que en “la promoción de la actividad política han sido introducidos los métodos de la propaganda comercial, de manera que no puede descartarse el riesgo de que la carrera presidencial se convierta en un espectáculo en el que la información es un residuo”.
Por último, la Cámara se refirió a la difusión del escrutinio provisorio –a cargo de una empresa contratada por la Dirección Nacional Electoral–, que en las últimas elecciones se demoró hasta casi las 23. Al respecto, subrayó la necesidad de que ese cómputo de resultados preliminares sea “adecuadamente organizado, verificado y difundido, para evitar situaciones que influyan negativamente en la percepción de la opinión pública sobre la legitimidad del proceso electoral”.