El suboficial de la Armada detenido por el abuso de su hijastra de 11 años y la distribución del material pornográfico a través de las redes sociales se negó a declarar ante el fiscal de la causa Martín López Zavaleta, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°30.
El imputado también optó por el silencio en la audiencia de prisión preventiva que dictó el Juez Pablo Casas, del Juzgado N°10 de la Ciudad, hasta que quede firme la resolución. Tampoco se resistió cuando se produjo su arresto y el allanamiento en su departamento en un edificio de la Armada del barrio porteño de La Boca.
“Me siento muy satisfecho por la premura con la que actuó. Todo quedó resuelto en el término de 48 horas”, dijo Casas. La Fiscalía de la Ciudad, en la que se desempeña, fue la que llevó adelante la investigación a través de su Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se había iniciado a partir de una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos, organismo que da aviso cada vez que hay evidencias de la distribución pornografía infantil en Internet desde una dirección IP de Argentina.
A pesar de que haber calificado la investigación como un “gran trabajo”, Casas dejó entrever su pesadumbre al ver que la causa se “iba de sus manos”. Tuvo que declararse incompetente para seguir interviniendo en el expediente, que ahora pasará a la Justicia Nacional.
“El delito de abuso aún no fue transferido a la Ciudad según lo que corresponde”, explicó el juez al referirse al “choque” de competencias entre el fuero penal nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, “decidimos no desdoblar el delito de abuso y el de distribución de pornografía infantil -cuya jurisdicción sí nos corresponde- para no revictimizar a la menor frente a un hecho tan doloroso”, afirmó Casas.