La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general para el 24 de enero en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei para desregular la economía y en rechazo de la “ley ómnibus”. El Comité Central Confederal cegetista se reunió este mediodía en la sede histórica de Azorpardo, en Capital Federal, y decidió avanzar con una medida de fuerza de 12 horas.
El encuentro tenía el objetivo de empezar a delinear los primeros pasos de un plan de lucha gremial contra las medidas del Gobierno de Javier Milei. El 10 de enero, además, se realizará un plenario de delegaciones regionales.
Según trascendió, el paro del 24 de enero se realizará con una movilización a la plaza del Congreso a las 12 horas, una convocatoria similar a la del miércoles 27.
La reunión
El encuentro de las organizaciones se realizó en la sede sindical de Azopardo al 800 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Confederal, que se realizará en el histórico Salón Felipe Vallese, es el máximo órgano ejecutivo de la CGT y el encuentro político más importante de la central obrera, y participan las organizaciones confederadas y afiliadas con cotizantes y aportes al día.
En la noche del miércoles, en una entrevista en TN, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que en la reunión “se resolverán los pasos a seguir” en rechazo al DNU de desregulación de la economía del presidente Javier Milei y al proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” enviado ayer al Congreso que, dijo, “aumenta la maldad en forma exponencial”-
“Vamos a definir una medida de acción directa contundente pero lo vamos a debatir en el Comité Central Confederal”, respondió Daer al ser consultado sobre si la central realizará un paro general. Antes, voceros de la Confederación había dicho que “la idea de la mayoría de los dirigentes y organizaciones es aprobar la instrumentación de un plan de lucha gradual”.
Daer agregó que, “con la incorporación del DNU a la Ley Ómnibus, aumentaron la maldad en forma exponencial” y sostuvo que las normas propuestas “no tienen una mirada clara ni de proyección de país”.
En tanto, “el Presidente pide facultades amplísimas hasta declarar una guerra, por dos años”, dijo Daer, al tiempo que sostuvo que las iniciativas “van en contra de toda la sociedad”.
“Uno puede transformar un país pero debe hacerse con un gran acuerdo con base de sustentación política, proponiendo debate. Acá estamos deshaciendo la administración del Estado, convirtiéndola en la nada misma y a partir de eso alguien nos dice que vamos a estar mejor pero las consecuencias son tarifazo y devaluación”, argumentó.
El sindicalista sumó que “esta ley anula la fórmula de actualización de la indemnización, y pide facultades para eliminar aumentos por ley en las jubilaciones. Después de esto vienen los juicios y el desastre social”.
“¿Cómo van a plantear con una inflación galopante los próximos tres meses con congelamiento de haberes en el sector público?. Lo pulverizan directamente”, manifestó.
El referente sindical también se refirió al “Fondo de Sustentabilidad de la Anses, donde plantean quedarse con la plata de los jubilados, es el fondo más grande que tiene la Argentina”, advirtió.
Daer añadió que “partimos de un DNU ilegitimo porque no hay urgencia ni necesidad y vemos que hay una potestad para lobbies externos y terminan dándole a cada uno lo que más le gusta”.
Además, analizó que, durante el gobierno de Alberto Fernández, “jamás hubo un proyecto que cambió la matiz estructural de la legislación laboral contra los trabajadores, jamás se apuntó contra el sistema jubilatorio, ni en contra de la igualdad que tenemos todos porque incluso cuando había inflación había paritarias que permitían ir recomponiendo el salario”.
En tanto, sobre el amparo presentado por la CGT y rechazado por la justicia con el argumento de que el DNU 70/2023 aún no entró en vigencia, Daer consignó que será apelada “en la Cámara” por considerar que el juez “cometió un error garrafal” al rechazar dictar esa medida.
De esta forma, se refirió a la resolución dictada ayer por el juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet, quien desestimó el dictado de una medida cautelar interina para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía con el argumento de que “todavía no se encuentra vigente”.
“Cometió un error garrafal porque utilizó la palabra inminente -al rechazar la presentación- así que él no puede aducir que no entrará en vigencia (el DNU), esto es como decir van a fusilar a una persona, yo creo que está mal condenado y cuando voy a la justicia me dice ‘bueno,pero se tiene que producir y después hablamos’. Entonces tengo que ir a debatir luego ya sobre el sepelio”, ejemplificó Daer en la entrevista que brindó.
“Por eso apelamos y no tengo dudas de que la justicia va a parar el DNU”, siguió. Y consideró que la situación actual se tiene que resolver en tres instancias: “En la justicia, en la política que es el Parlamento, y con la acción sindical”.
Por su parte, este jueves, Sergio Palazzo, líder de los bancarios y diputado nacional por Unión por la Patria, afirmó que “el proyecto de ley que ha enviado el presidente de la Nación es nocivo para la clase trabajadora y en términos generales tiene características nocivas para la república”.
“Arrogarse las facultades de legislar por dos años con la posibilidad de ampliarlo a dos más es la eliminación prácticamente del Congreso porque sobre las materias que legislaría son las que están contempladas en la declaración de emergencia y son todos los temas”, razonó.
Y afirmó que “dentro del menú de acciones está contemplado un paro general” aunque remarcó que “se buscará el momento, el tiempo, la circunstancia” ya que si el decreto empieza a regir a partir de este fin de semana “ya el lunes se pueden tomar medidas que atentan contra los trabajadores”.
“Yo hablé con varios gobernadores, no solamente de Unión por la Patria, y todos negaron que hubieran pedido el restablecimiento de Ganancias. Lo que han pedido es una compensación, que puede ser por vía del impuesto al cheque, o hay proyectos para coparticipar otros impuestos”, finalizó.
Según el Estatuto de la central obrera, el Comité Central Confederal (CCC) debe ser convocado cada seis meses, pero en los últimos años debió ser postergado ante la grave pandemia de coronavirus. El último encuentro se realizó el 22 de octubre de 2021 para convocar al Congreso Nacional que eligió el 11 de noviembre de ese año en Parque Norte y por un período de cuatro años a la conducción que integran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
El Confederal cegetista, entre otras funciones, determina los reglamentos de los órganos internos, inclusive de la comisión directiva; fija la línea política; designa a la Comisión Arbitral que analiza y procura resolver los conflictos intrasindicales entre gremios y de encuadramiento y aprueba las órdenes del día de los Congresos ordinarios.
