Hace apenas un mes y dentro de solo un mes. En un espacio así de acotado puede rotar 180 grados la gestión de un jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Lo sabe como nadie Aníbal Ibarra, que de soñar con ser vicepresidente en una eventual reelección de Néstor Kirchner terminó por conformarse con no ir preso tras la tragedia de Cromañón. En una escala infinitamente menor, acaso ni siquiera comparable, Horacio Rodríguez Larreta pasó del enojo interno dentro del Pro porque no lo dejaban asomar la cabeza y lucirse con su gestión 30 días atrás –en pos de no opacar a otras figuras, como el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal– a escabullirse por voluntad propia y buscar un golpe de efecto con el proyecto que envió hace unas horas a la Legislatura porteña, tras las previsibles muertes de cinco jóvenes en una fiesta electrónica en Costa Salguero.
La iniciativa trascendió el miércoles a la noche y es la condición sine qua non para que las fiestas electrónicas, suspendidas por el Gobierno porteño el pasado lunes, puedan volver a realizarse. Tiene escasos cinco artículos, el último de forma, con el “objeto de dotar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de herramientas e instrumentos específicos a los fines de promover el cuidado de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica”.
El artículo 2° es el más importante. Allí se resumen las medidas que deberán cumplir los organizadores de estos encuentros: “a) Garantizar a los asistentes del evento el acceso a la hidratación adecuada. Toda persona que asista deberá poder acceder gratuitamente a fuentes de agua aptas para el consumo humano en todo momento y a toda hora del evento, con los elementos necesarios para beberla libremente. Dichas fuentes de agua gratis deberán estar debidamente identificadas, aclaradas en materiales explicativos y a la vista de los participantes al llegar al lugar y durante su estadía en el mismo. b) Asegurar la asistencia médica y su acceso a la misma, a través de la señalética necesaria para tales fines. Dicha asistencia constará de profesionales capacitados y entrenados e infraestructura suficiente para las consultas y manejo de situaciones generadas por el uso y consumo indebido de sustancias tóxicas. c) Los organizadores deberán presentar un protocolo de manejo frente a potenciales catástrofes sanitarias que contenga la indicación de responsables y formas de contacto directo con ellos. El mismo deberá ser aprobado previamente por el Ministerio de Salud y estará en poder del SAME para mejor anticipación y coordinación de potenciales situaciones masivas. d) Durante la realización del evento, se deberá difundir la información de prevención para reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones. La magnitud de las mismas se ajustará al número máximo de asistentes autorizados por la autoridad competente y a las características del predio. Se deberá asegurar la masiva difusión preventiva a través de pantallas (leds, proyectores o la tecnología que lo reemplace), cartelería, folletería, anuncios auditivos, y/o todo otro medio de difusión que garantice dicha finalidad. Todas las publicidades o pautas publicitarias que se realicen deberán contar con una leyenda a fin de concientizar sobre los riesgos del consumo de sustancias tóxicas. e) Deberá asegurarse la cantidad de personal de seguridad privada y policial a efectos de recibir denuncias en el interior del lugar del evento. Dicha presencia debe ser anunciada durante todo el evento mediante los medios de difusión de la fiesta masiva electrónica. f) Estas fiestas deberán realizarse al aire libre. Si por razones suficientemente fundadas no fuera posible, se procederá a solicitar un permiso especial para espacios cerrados o semicerrados. En este caso, se deberán controlar de manera regular las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria, temperatura y humedad ambiental, que deberán encontrarse dentro de los rangos sanitariamente aceptables. También deberán garantizar un espacio de descanso para los asistentes, adecuadamente apartado del evento principal y toda aquella medida que la autoridad administrativa correspondiente considere necesaria para minimizar los riesgos de los asistentes. g) Los organizadores y responsables del evento deberán incorporar una metodología de control de acceso que sea medible, a través de un sistema tecnológico visible certificado, que permita el control de ingreso y egreso de los asistentes al evento. h) En el lugar del evento, se deberá dejar constancia expresa, clara y en forma visible sobre los derechos de los asistentes que están garantizados en la presente ley”.
Según aclaró una alta fuente de la Ciudad, vinculada con la seguridad, “las medidas están más ligadas a la educación y a la salud que a lo policial”. El proyecto también prevé la creación de “una Comisión Interdisciplinaria para elaborar orientaciones y recomendaciones y proponer la adopción de medidas a los fines” de esta ley. Y aclara: “Las disposiciones de la presente ley son complementarias de las normas vigentes en la materia”.
Los tiempos no son fáciles para Larreta. Horas antes de que este proyecto estuviera listo para ser presentado en la Legislatura, tenía previsto inaugurar el metrobús en la avenida San Martín. Este tipo de intervención en el espacio público fue quizá el que provocó el vuelco fundamental en la gestión de su antecesor y jefe, Macri, para convertirse en presidente. Es decir, tiene, en general, buena aceptación en la gente. Pues bien: el actual alcalde porteño no pudo ir a la inauguración prevista porque lo esperaba una protesta, ajena a Time Warp. “Eras seis señoras mayores con carteles, pero el Pelado no se bancó ni siquiera eso”, resumió, con maldad, un exlegislador K.
Desde la oposición, previsibles, buscan aprovechar este mal momento del oficialismo porteño. El jefe de Gobierno es apuntado, en parte, por la “protección” que le dio al jefe de los inspectores, el titular de la Agencia de Control, Matías Álvarez Dorrego. Es uno de los dos abogados que acompañan a Larreta casi desde sus comienzos, un hombre de su riñón. Tras un paso por una comisión legislativa, ahora Álvarez Dorrego y el resto de los funcionarios involucrados tienen cerca de tres semanas para contestar un cuestionario de 44 preguntas y dudas que les acercaron los diputados de la Ciudad.
Tampoco la está pasando bien otra alta dirigente del Pro, Carmen Polledo, vicepresidenta del parlamento local, cuyo marido tiene acciones en Costa Salguero. Antes la habían mencionado en los Panamá Papers.
Todo tiene que ver con todo, y algunas huellas parecen difíciles de borrar. Rodríguez Larreta espera que, dentro de solo un mes, el panorama sea otro. Como hace apenas un mes.
