La Corte Suprema de Justicia desestimó todos los recursos interpuestos por Cambiemos, manteniendo así un fallo que rechazó la rendición de cuentas de gastos de la campaña en Buenos Aires durante las elecciones PASO y generales de 2017. Se encontraron 79 donantes que negaron haber financiado a la coalición liderada por Mauricio Macri, con María Eugenia Vidal como su representante en la provincia.
La investigación dio inicio tras el análisis de los informes finales de ingresos y gastos de la alianza Cambiemos Buenos Aires, correspondientes a las elecciones primarias del 13 de agosto de 2017 y a las generales del 22 de octubre de ese mismo año, que elegían diputados y senadores nacionales. Esta labor fue realizada por el Juzgado Federal de La Plata, bajo la dirección de Alejo Ramos Padilla, quien tiene jurisdicción electoral.
Tras varias correcciones a los informes entregados por Cambiemos y los dictámenes del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, el juez desestimó los informes finales de campaña y aplicó sanciones a los partidos que formaron parte de la alianza. Adicionalmente, desechó las solicitudes de exención de sanción presentadas por el Partido Conservador Popular y la Coalición Cívica.
El juez determinó que había múltiples irregularidades en lo relacionado con los donantes privados y carencias en cuanto al origen de las contribuciones de individuos. Afirmó que no se podía probar el origen y uso de los recursos de la campaña, dado que las correcciones solicitadas por el auditor no se habían llevado a cabo.
La Cámara Nacional Electoral ratificó la resolución del juez federal de La Plata. Subrayó que 79 personas identificadas como contribuyentes negaron haber hecho aportes a la campaña; de las 19 restantes que sí aceptaron, solo una presentó el comprobante correspondiente.
Frente a esta decisión de la Cámara, tanto Cambiemos como Pro interpusieron un recurso extraordinario, el cual fue rechazado, lo que llevó a la presentación de un recurso de queja. En este contexto, la Corte desestimó la queja aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, sin ofrecer mayores explicaciones.El fallo cuenta con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
En su decisión de 2022, Ramos Padilla impuso multas a la alianza Cambiemos y a Pro por un total de $3.246.965; a la UCR y la Coalición Cívica, con multas de $990.599 cada una; y a los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron sanciones económicas de $34.395 cada uno. Esta causa investiga si el gobierno de Vidal inscribió a beneficiarios de subsidios sociales como supuestos donantes en la campaña electoral que Cambiemos llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires, para las listas de candidatos a Diputados nacionales encabezadas por Graciela Ocaña, así como para los postulantes a senadores Esteban Bullrich y Gladys González.
El escándalo se hizo público a través de un artículo periodístico en 2018, donde Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, presumía haber compartido con los periodistas información reveladora, que indicaba que alrededor de 205 personas de bajos ingresos, quienes recibían planes sociales, aparecían como donantes de la campaña de la coalición gobernante en ese momento. Estas personas, que llegaron a ser miles, figuraban como afiliadas a Pro y habían realizado aportes que variaban entre $350 y $1500. En su resolución, Ramos Padilla sostuvo que el equipo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) concluyó que la información proporcionada por Cambiemos “no coincidía” con la presentada por la Dirección Nacional Electoral.