La Corte Suprema, en una votación mayoritaria, optó por no aprobar la solicitud de licencia de Ariel Lijo en su juzgado federal para que pueda integrarse al máximo tribunal. Según lo establecido por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, Lijo no podrá asumir en la Corte Suprema sin antes renunciar a su actual puesto en la justicia federal. Sin embargo, el juez federal ha dejado claro que no tiene intención de dimitir y que esperará la ratificación del Senado.
A partir de este momento, se presenta un nuevo panorama. El decreto presidencial que designaba al magistrado ha quedado en suspenso. García-Mansilla y Lijo fueron nombrados en comisión por el Poder Ejecutivo. El primero tomó posesión la semana pasada tras un acuerdo entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La situación del segundo se debatió este jueves y, tras la resolución tomada, su nombramiento se encuentra en una especie de limbo legal.
Luego de esta resolución, el destino de Lijo depende únicamente del Senado. Si la Cámara Alta decide convocarse para discutir su pliego, el juez al frente del juzgado federal 4 podría acceder a la Corte de forma vitalicia. Lijo ya recibió un dictamen favorable de la Comisión de acuerdos, pero el tratamiento de su pliego sigue estancado.
El pliego de Lijo, que en un principio contaba con el respaldo necesario para su aprobación, se encuentra en suspenso tras el escándalo vinculado a la criptomoneda $Libra, lo que llevó a sus aliados y opositores a reevaluar su apoyo.
Por otra parte, el documento presentado por García-Mansilla no logró obtener las nueve firmas requeridas en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a conseguir dos tercios de los votos en la sala para su aprobación. Aunque ha asumido el cargo de juez, su nombramiento está condicionado a un período de un año, lo que acentúa la inestabilidad de su situación.
La defensa del Presidente
El presidente respaldó con firmeza la constitucionalidad de los nombramientos en comisión a través de decreto, sosteniendo que la propia Corte validó esta práctica al tomar juramento a García Mansilla. En una entrevista, declaró: “La prueba de que el nombramiento de García Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo revisó y decidió tomarle juramento”.
Además, descalificó a quienes critican esta decisión, llamándolos “ñoños republicanos”. También justificó su elección señalando la tardanza del Congreso en aprobar los pliegos de ambos jueces, que fueron enviados en marzo del año pasado. Sin embargo, la designación de jueces por decreto ha suscitado inquietud incluso dentro de la Corte.
Si bien en 2015 el expresidente Mauricio Macri empleó este mecanismo para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz, ambos asumieron sus cargos únicamente después de recibir el acuerdo legislativo. En las próximas horas, se podría definir el futuro de Lijo en el Senado.
