Luego de las nuevas críticas de Alberto Fernández en su discurso del martes en el Congreso, los integrante de la Corte Suprema de Justicia repondieron con un “seguimos trabajando”. De ese modo, otra vez buscaron relativizar el nuevo capítulo que sumó la tensión entre la Casa Rosada y el Palacio de Justicia, donde sostienen que no habrá respuestas institucionales y cerca de uno de los supremos argumentan que tanto el Máximo Tribunal como el Ejecutivo están “en posición de debilidad”.
En su discurso el Presidente manifestó: “Algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la tv por cable”.
“A casi dos años de esas medidas, no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que la dictaron ni la Corte Suprema, que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”, disparó mientras la transmisión oficial acompañaba el discurso con un primer plano de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, todos con una seriedad rígida e inmutable.
Ante la consulta del diario Perfil, en una de las vocalías se limitaron a responder que la ofensiva presidencial no surte efectos negativos y que los ministros fueron, cumplieron con su labor institucional y ahora van a seguir trabajando. “Son gente grande”, lanzaron mientras que cerca de otro de los ministros emblemáticos sostuvieron que “no hubo nada nuevo de lo que ya conocemos” y analizaron que tanto la propia Corte como el gobierno pelean desde la debilidad.
Por su parte un directivo cortesano respondió que hay que “seguir trabajando” en la “línea” del anuncio del regreso de las audiencias públicas, de los encuentros como el que mantuvo Rosatti días atrás con la Junta de Tribunales Orales Federales de todo el país y la acordada 1/2021 que modificó el estatuto de la cuestionada Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) para “garantizar a sus afiliados la mejor cobertura y prestaciones de excelencia”.
De acuerdo a las fuentes consultadas por el diario Perfil, a menos que suceda algo extraordinario, lo único que se puede esperar es tensión discursiva por parte de una coalición gobernante frustrada ante la falta de números en el Congreso, donde no prosperó la reforma judicial, la del Ministerio Público ni la candidatura de Daniel Rafecas para suceder al interino Eduardo Casal en la Procuración.
Y a pesar de que Alberto Fernández se haya jactado del trabajo de su gestión en materia judicial, sigue sin cumplir con la elección de un nombre para cubrir la vacante en la Corte Suprema y sin hacer demasiado para disminuir el alto porcentaje de vacantes que hay en diferentes juzgados federales de la nación.
Del lado de la Corte, en tanto, tienen cartas por jugar. Una de ellas es el juicio que la Ciudad de Buenos Aires le hizo a Nación por la coparticipación y que en los próximos días tendrá una audiencia pública.
En ese escenario, hay quienes interpretan dentro del Máximo Tribunal que el mensaje presidencial de ayer apunta más a Comodoro Py y vaticinan que este año tendrá una actividad de intenso voltaje político. El eje principal, consideran, son las causas que tienen el nombre de Cristina Kirchner.
De todos modos, en el tintero también está la causa por la investigación de la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario, conocida como Causa FMI.
En la apertura de sesiones, Alberto Fernández citó puntualmente ese expediente y mandó como mensaje que se debe seguir investigando. En tanto, en Comodoro Py, donde están las oficinas de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Franco Piccardi, a cargo de la causa, avisan que ya llegaron varios de los informes que habían requerido a organismos financieros y que sólo falta la respuesta del Banco Central. Advierten, además, que podría haber nuevos requerimientos.