Alejandro Amor, Defensor del Pueblo, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la intervención de la Defensoría porteña en calidad de “Amicus Curiae”.
El objetivo es crear un amparo colectivo presentado por el “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, por los aumentos desaforados de tarifas de los últimos meses.
Asimismo, Amor comentó que en más de una oportunidad se contactó con las autoridades nacionales de las carteras ministeriales y mantuvo reuniones laborales en las cuales se expresó “la zozobra por las consecuencias que provocó el aumento indiscriminado de tarifas” y “se señaló la ineludible obligatoriedad de realizar audiencias públicas que permitan oír todas las voces conforme la voluntad constituyente y dotar a la administración de adecuados elementos en pos de adoptar la decisión más sensata“.
“Tanto la normativa federal como también la local impone a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones, defender, proteger y promover los derechos colectivos garantizados en la Constitución Federal y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, expresó el Defensor.
En tanto, desde la Defensoría remarcaron que “la realización de la audiencia pública se constituye como un requisito indispensable que otorga validez a los actos que se atacan. En concreto su falta de realización afectó directamente los intereses de los usuarios del servicio público“.
