La Justicia resolvió admitir a la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, como “amicus curiae” en la causa del Gobierno porteño contra la Asociación Basta de Demoler y otros, quienes se oponen a la construcción de una nueva estación de subte de la linea H.
En 2012, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) inició la construcción de una nueva estación de la línea H del subterráneo en Plaza Alvear, en violación de las normativas urbanísticas y generando un daño irreparable al hábitat de esa zona. Frente a este hecho, Basta de Demoler y la historiadora urbana Sonia Berjman iniciaron una acción de amparo y obtuvo una medida cautelar que frenó la obra.
Si bien la causa, por una contingencia procesal, no prosperó; el GCBA modificó el proyecto original -en un reconocimiento implícito de que la obra en la Plaza Alvear era irregular y dañó el ambiente- y definió construir la estación donde actualmente se encuentra la terminal Facultad de Derecho. Sin embargo, después de haber finalizado la obra, junto con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), apareció una demanda contra la Asociación y Berjman donde reclamaban daños por un monto de más de 23 millones de pesos.
En diciembre del año pasado, Muiños se presentó ante la Justicia para requerir su participación en el juicio en calidad de “amicus curiae”. La petición de la Defensora se fundamentó en la necesidad de defender el derecho al acceso a la justicia de las personas que promulgan un ambiente sano, equilibrado y el respeto de las normas urbanísticas.
Tal como figura en el escrito presentado ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6, “en el caso analizado, surge claramente que la pretensión del GCBA y de la empresa SBASE de reclamar los daños ocasionados por el ejercicio legítimo de un derecho -como es el de acceso a la justicia para tutelar un bien jurídico colectivo- resulta una forma encubierta de imponer un costo a la acción de amparo con el único objeto de desalentar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes culturales de la Ciudad de Buenos Aires”.
En la resolución judicial con fecha del 10 de marzo de 2023, se señala que “la intervención de la Defensora del Pueblo como Amiga del Tribunal, a través del aporte –de eventual consideración y valoración al momento de sentenciar sobre el fondo de la cuestión- fomenta la participación ciudadana en causas de trascendencia social. Las ideas aportadas pueden ser una herramienta que enriquezca las reflexiones y el pensamiento crítico en el caso. Y sin dudas honrará una democracia participativa subyacente, en pos de alcanzar una decisión que resguarde derechos tan relevantes para la comunidad como es el de acceso a la justicia”.
