En una nota dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de CABA, Karina Leguizamón, las juezas y jueces alertaron que “el accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias, en claro vilipendio de la independencia judicial y de la autonomía porteña consagradas constitucionalmente”.
Por esta razón, solicitaron que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, “de modo urgente, rechace la aludida denuncia”.
El pedido se suma a los presentados ante Leguizamón por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capitulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), entidad consustanciada con las ideas del Papa Francisco y que reúne a magistradas y magistrados de todo el país.
La misiva completa
Los abajo firmantes, magistradas y magistrados integrantes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestamos nuestro rechazo y profunda preocupación por una nueva denuncia efectuada por la señora Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich, dirigida contra el Juez doctor Roberto Andrés Gallardo, con motivo del dictado de una medida cautelar que ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de esa Ciudad, que asuma de forma activa y prioritaria su rol operativo de conducción y coordinación del dispositivo de seguridad, en el marco de la movilización convocada para el próximo 9 de abril, en las inmediaciones del Congreso Nacional, conforme surge de los artículos 31, 34, 35 y concordantes de la Constitución de la CABA y de la Ley N°5.688, y con el fin de evitar la injerencia de fuerzas federales fuera de su ámbito jurisdiccional, de acuerdo con la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación N°943/2023 que pormenoriza aspectos de la Ley de Seguridad Interior N°24.059.
El accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias, en claro vilipendio de la independencia judicial y de la autonomía porteña consagradas constitucionalmente.
No puede soslayarse que el acierto o desacierto de una decisión judicial solo debe ser ponderado en una instancia revisora a través de los mecanismos procesales disponibles en el marco del trámite judicial correspondiente.
Las circunstancias expuestas precedentemente no solo imponen el contundente repudio de quienes integramos el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino, además, nos exige requerirle al Consejo de la Magistratura que, de modo urgente, rechace la aludida denuncia.
Las firmas: Juan José Albornoz (Juez CATyRC); Karina G. Andrade (Jueza PCyF); Javier Balmayor (Defensor PCyF); Patricio Cánepa (Juez CATyRC); Pablo Casas (Juez PCyF); Juan José Cavallari (Juez PCyF); Graciela E. Christe (Defensora Adjunta CATyRC); Laura De Marinis (Jueza Penal Juvenil); Ramiro dos Santos Freire (Defensor CATyRC); Francisco J. Ferrer (Juez CATyRC); Martín Furchi (Juez CATyRC); Adriana Gigena de Haar (Defensora Adjunta PCyF); Paula Lagos (Defensora PCyF); Lorena Lampolio (Defensora CATyRC); Fernando Lodeiro Martínez (Defensor de Cámara CATyRC); Patricia López Vergara (Jueza CATyRC); María Lousteau (Defensora PCyF); Gustavo D. Moreno (Asesor de Cámara CATyRC); Natalia Ohman (Jueza PCyF); Juan Manuel Neumann (Juez PCyF); Alejandra Petrella (Jueza CATyRC); Mariana Pucciarello (Defensora de Cámara CATyRC); Ezequiel Quaine (Juez PCyF); Darío Reynoso (Juez CATyRC); Gonzalo Rua (Juez PCyF); Marcelo Segón (Juez CATyRC); Guillermo Scheibler (Juez CATyRC); Romina Tesone (Jueza CATyRC); Víctor Trionfetti (Juez CATyRC); María Alejandra Villasur García (Jueza CATyRC); Sebastián Zanazzi (Defensor PCyF).