El pedido de licencia para inhumar cuerpos por parte de la Procuración de la Ciudad abrió, más que una morgue, la caja de Pandora. El permiso solicitado a la justicia con el sólo objeto de enterrar un número reducido de cadáveres desencadenó una extensa investigación sobre el tratamiento de los cuerpos de personas fallecidas en las morgues hospitalarias de la Ciudad.
La investigación iniciada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Andrés Gallardo, en opinión de la Procuración porteña, no sólo excedió el pedido sino que asumió competencias que no son propias del fuero porteño sino de la justicia nacional en lo penal. Argumentando que el magistrado prejuzgó y que manifiesta enemistad con el Gobierno de la Ciudad, el Ejecutivo porteño recusó a Gallardo quitando de sus manos la investigación que hasta el momento halló numerosas irregularidades en el depósito de cadáveres en varios hospitales y la desaparición de decenas de cuerpos que en los registros figuran como ingresados pero nunca egresados.
Tras la recusación la causa fue sorteada nuevamente. El juzgado contencioso Nº1 fue el ganador, sin embargo, la jueza Elena Liberatori, subrogante de dicho tribunal, se excuso de tomar el expediente por haber tenido un problema con el tratamiento del cadáver de un familiar en una morgue pública de la Ciudad años atrás.
La causa pasó entonces del juzgado 1 al juzgado Nº 3, a cargo de Pablo Mántaras. Pero tampoco será el magistrado responsable de haber frenado el aumento del subte dispuesto por Mauricio Macri a principio de año quien retome la investigación sobre la desaparición de cadáveres.
Según pudo saber Noticias Urbanas, Mántaras no se encuentra por estos días al frente de su juzgado sino que está siendo subrogado.
En menos de una semana, la causa vivió largo un derrotero para terminar en manos del juez Guillermo Scheibler (el magistrado que entre otras causas tuvo al metrobús de la 9 de Julio y al TC2000 a su cargo).
Gallardo, Liberatori, Mántaras, Scheibler… cuatro nombres de jueces porteños vinculados a una causa que, más tarde o más temprano terminará ante la justicia penal.
