Otra vez la violencia en el sur porteño. Sangre, miseria, corruptela, promesas incumplidas: la violencia, un monstruo de mil cabezas. El predio lindero al Parque Indoamericano –que vaya si conoce de sangre, miseria, corruptela y promesas incumplidas = violencia– ubicado sobre avenida Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada, en Villa Lugano, mostró esta semana, desde el lunes, como hace exactamente tres años y dos meses lo hizo su vecino barrio de Villa Soldati, que la violencia también puede asumir –y ya se está acostumbrando– cara de conflicto habitacional. Y la consecuencia, la peor, también es la misma: la muerte.
Osvaldo Soto, de 30 años, falleció el martes luego de recibir dos impactos de bala en el tórax y uno en la pierna, poco después de que alrededor de 300 personas iniciaran la ocupación del predio en el que la Policía Federal había montado en los 90 un cementerio de autos incautados, justamente a metros del Indoamericano y también de la Villa 20. La primera versión que circuló establecía que Soto mantuvo una pelea con un ocupante, que le disparó y luego se dio a la fuga. Según declaró horas después Laura, la hermana del hombre asesinado, Soto “no estuvo en el asentamiento como se dice”. “Fue –relató la mujer– a ver si me pasaba algo porque yo vivo en la villa, y a ver a sus hermanos que están a la vuelta del asentamiento. Fue a ver si estábamos bien y de repente vino un transa paraguayo y le pegó tres tiros y lo dejó muerto en el piso”. Fin de la historia. O comienzo. Un nuevo comienzo.
El miércoles por la noche, los delegados de los ocupantes aceptaron la propuesta del Gobierno de la Ciudad para que se inicien los trabajos de urbanización de la Villa 20, previstos por la Ley 1.770, en la que se especifica que el Ejecutivo local debe construir viviendas para los habitantes de la Villa 20, en pos de la urbanización de ese asentamiento, y aceptaban desalojar el predio en caso de que el resto de los vecinos aprobara lo acordado.
El anuncio fue realizado por el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, quien aseguró que la asamblea de vecinos ocupantes de los terrenos debería resolver “antes de las seis de la mañana del jueves” si aceptaban o no la propuesta. “En caso de que se acepte esa iniciativa acordada con los delegados, deberán desalojar pacífica y voluntariamente el lugar”, aseguró.
La propuesta consiste en realizar una descontaminación del predio, ya que fue utilizado, como se mencionó, durante muchos años como depósito de automóviles por la Policía Federal, e iniciar las tareas de urbanización de la Villa 20, para lo cual realizarán un relevamiento de las personas que estén en el lugar. No obstante, Gianna Rodríguez, abogada de los vecinos, aseguraba al enterarse de la iniciativa que era “de difícil aceptación ya que no se brinda una solución inmediata de vivienda y, además, los vecinos ya no creen las promesas del Gobierno porteño”.
“Es una situación muy delicada porque se vinculan los derechos de las personas a tener una vivienda digna con los derechos colectivos, por eso la reunión duró más de ocho horas y la propuesta es apoyada por distintos estamentos jurídicos”, aseguró Conte Grand.
Marcelo Chancalay, uno de los protagonistas de la toma y expresidente de la junta vecinal de la Villa 20, precisó: “Todos tenemos derecho a una vivienda digna, y en este caso el Gobierno porteño es el responsable directo de explicar por qué no puso en marcha leyes sancionadas por la Legislatura”. Explicó, a su vez, que los vecinos “se cansan de promesas inconclusas” ya que “desde hace 15 años distintas administraciones vienen hablando de urbanizar este predio pero la necesidad de la gente no puede esperar tanto”. Indicó, además: “Tengo 54 años, nací acá y formo parte de la segunda generación de habitantes de la villa, pero ya hay chicos de más de veinte años que forman parte de la cuarta generación y siguen hacinados con su pareja y sus hijos en las casas de sus padres. Por eso es lógico que tomen un terreno”.
La toma del predio, de unas doce hectáreas, comenzó el lunes por la noche, cerca de las 23. Los ocupantes lotearon las parcelas, delimitándolas con cintas: cintas de embalaje, cintas aisladoras, cintas de peligro. Con las horas, la toma fue ganando volumen. Y extensión. Había comenzado tímidamente con algunos metros sobre Pola, para arañar, un par de días después, la avenida Escalada, frente al Jumbo. Y las 300 personas iniciales se convirtieron en 300 familias que montaban carpas iglú, sombrillas, toldos, y clavaban en el suelo, para menguar la precariedad, tirantes con muchos clavos. Encendían, además, fuego para hacer frente al frío y cocinarse algo. Muchos de los que hasta la noche del miércoles se encontraban en los terrenos de avenida De la Cruz habían participado de la toma de diciembre de 2010, la del Indoamericano, que terminó con tres muertos y una investigación abierta sobre el accionar de las policías Metropolitana y Federal. De nuevo, violencia, de la que quieras (ver “Las muertes en Soldati, tres años atrás”).
Violencia también es el déficit estructural de viviendas. Hace un año, la organización Médicos del Mundo advertía que en Buenos Aires unas 16.353 personas dormían en la calle. A su vez, de acuerdo al Censo 2010, medio millón de personas están afectadas por el déficit habitacional, cuando hay unas 340 mil viviendas vacías. Por otro lado, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del GCBA confirmó este año que, en una década, Buenos Aires pasó del 23,9 al 31 por ciento en lo que a inquilinos refiere. También informó que el 4,8 por ciento de los porteños (unas 138.768 personas) vive en inquilinatos, conventillos y pensiones. Y que el 0,7 (20.237 personas) son ocupantes ilegales. Por el momento, no hay registros oficiales del número de desalojados ni de las personas que están en juicio de desalojo, pero se estima que son entre 4.000 y 5.000 familias por año. Buenos Aires drama.
Las exigencias de los ocupantes fueron claras desde el vamos: que les entreguen los terrenos para llevar adelante un proyecto de “autoconstrucción” o el Gobierno porteño promueva un convenio para alcanzar las tan ansiadas viviendas. Todo indica que del encuentro en el que participaron el juez Gabriel Vega y el fiscal contravencional Carlos Rolero, se derivó a la segunda alternativa. Desde el Ejecutivo local expresaron que el lugar, que en sus tiempos de jefe de Gobierno Aníbal Ibarra había mandado a limpiar y las Fundación Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo había contado entre sus objetivos antes del desastre Schoklender, está destinado a un plan de urbanización de villas. Incluso, hay una ley que así lo ordena (ver recuadro). Claro, la pregunta es cuándo.
“Acá podrían hacerse hasta 1.300 departamentos, son muchas hectáreas. Eso sí: para hacernos firmar y poner plata estamos en todas las conversaciones, pero cuando se trata de salir beneficiados a nosotros no nos llaman”, explicaba, con algo de ironía, Pancho, un viejo vecino de la Villa 20, que linda con los terrenos tomados. “Macri prometió la urbanización. Todavía lo estamos esperando”, gritó, ya sin disimulo de indignación, Virginia, de Lugano. “No creas todo lo que dicen en televisión. Yo tengo casa en la villa, pero vengo por mis hijos. Antes, por la situación económica se podía. Yo ahora no puedo dejarles nada”, comentaba, bastante nerviosa, Gladys. La atmósfera era común: si algo los hermanaba era la expectativa nerviosa, la incertidumbre del recelo. Es que ya lo rezaba una bandera: “Salimos pasíficamente (sic) si nos dan soluciónes (sic) de vivienda”.
La historia de este predio es la historia de la problemática habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Es la historia sin fin, que se deja entrever como una cebolla sociológica: los vivos de siempre que tratan de lucrar con la desdicha ajena, intentando vender parcelas –según algunas versiones, a cerca de 20 mil pesos– en las que no entraría ni una casilla; los que trabajan de ocupantes, los habitantes de la Villa 20, que no quieren una toldería frente a sus narices, y los necesitados de siempre, indispensable base de la pirámide del infortunio. Todos contra todos. Y pobres contra pobres. Y más caras de la violencia.
Y como un déjà vu, también volvieron las acusaciones entre funcionarios. El martes por la mañana, el secretario de Seguridad Sergio Berni llegó al lugar poco después de las 9 y cuestionó duramente al fiscal Carlos Rolero, presente en Cruz y Pola desde hacía una hora, por su demora para solicitar el desalojo. Según Berni, las fuerzas de seguridad “estaban listas para actuar” el lunes “a las 12 de la noche, pero el fiscal dijo que recién llegaría a las 8 de la mañana y el Gobierno porteño tampoco apareció”. Bastante alterado, el funcionario disparó sin vueltas: “Es indignante y frustrante cómo se dilatan los conflictos. A los fiscales parece que les gusta dormir”. También denunció que ninguna autoridad del gobierno de Mauricio Macri había respondido esa noche a sus llamados. Y para rematar, afirmó que “a partir de las 19, la Ciudad es tierra de nadie”, denunciando, finalmente, que en la Justicia Contravencional porteña “no hay compromiso con la sociedad”.
El fiscal, por su parte, señaló en ese momento que se estaba “tratando de encontrar una solución pacífica” al conflicto, que no había una orden de desalojo y que la forma de resolución debía ser el diálogo. Su discurso cambió radicalmente con el correr de las horas, luego de varias negociaciones frustradas. El miércoles por la mañana, pidió al juez penal y contravencional de la Ciudad Gabriel Vega, interviniente en la causa, que ordene el desalojo “en la forma que sea”, entendiendo que la vía del diálogo “ya estaba agotada”. Sin embargo, quedaba una carta para evitar el uso de la fuerza pública: el juez aceptó recibir a una comisión de ocupantes liderada por Marcelo Chancalay para intentar destrabar la cuestión, aunque, en declaraciones a la prensa, el dirigente había negado haber iniciado la toma. El puntero, hermano del excampeón de boxeo Fabián Chancalay, actualmente milita en las filas de Unen y tiene una historia bastante controvertida, ya que se lo suele acusar de realizar aprietes entre los vecinos de la Villa 20 que no comparten sus decisiones.
La causa por el homicidio de Soto, por su parte, quedó a cargo de la fiscal Felisa Krasucki, con la participación del juez de instrucción Juan Ramos Padilla; ya se habría identificado al agresor. El miércoles por la noche, los ocupantes del predio de Lugano debatían acerca del ofrecimiento del Gobierno de la Ciudad, mientras la Policía Metropolitana preparaba las mesas para censarlos, lo que hacía suponer una inminente solución al conflicto. Por las dudas y entre sospechas acerca del efectivo cumplimiento de las promesas gubernamentales, los ocupantes seguían corriendo los cajones de manzana para el fuego, entre amarillo Pro y afiches del peronismo porteño, dispuesto a ponerse “en movimiento”. Otro déjà vu. Como el que tuvo esta cronista cuando volvía del predio, entre voces en el premetro que combinaban, con la misma intensidad, frases como “son unos parásitos” y “me dan lástima”.
Una ley ordena la urbanización
La Ley 1.770, sancionada en 2005 durante el gobierno de Aníbal Ibarra, establecía la construcción de viviendas en el predio del conflicto.
En su artículo 2, la norma estipula la afectación “a la urbanización de la Villa 20, el polígono comprendido por la avenida Francisco Fernández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8” y determina que “el mencionado polígono será destinado a viviendas y equipamiento comercial”.
El artículo 4 dice que “el Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes y los vecinos y vecinas de la Villa 20, se comprometen a garantizar la adjudicación de las unidades a las familias de la Villa 20 que correspondan, de acuerdo al Nuevo Censo Poblacional” que debía realizar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
Ni Ibarra, ni Jorge Telerman, ni Mauricio Macri cumplieron con la normativa. Para hacerlo, deberían también haber saneado el suelo contaminado de plomo tras el funcionamiento, por años, de un depósito de autos incautados por la Policía Federal.
