Si bien el Senado aprobó el 15 de noviembre último la Ley de Emergencia Social y Alimentaria, en las instancias previas a que el proyecto haga escala en la Cámara de Diputados, las contradicciones están a la orden del día.
Por parte del Gobierno nacional, el ministro del Interior Rogelio Frigerio reconoció que la movilización del viernes pasado, convocada por la CGT y por una serie de organizaciones sociales, “fue importante”. Además aceptó que “para el Presidente, hay emergencia social en la Argentina”, lo que anticiparía -se supone- la aceptación y la puesta en marcha de la ley, si superara el filtro de la cámara baja.
Pero -siempre hay un pero-, el ministro mostró su contrariedad porque, según expresó, “hay dirigentes que ahora descubrieron la pobreza, pero da bronca que antes la negaban y ahora quieren declarar la emergencia”.
El senador Juan Manuel Abal Medina (FPV), que celebró la aprobación del proyecto en la cámara alta, declaró que la propuesta “no es irresponsable fiscalmente” y que, por el contrario, “es afrontable por parte del Estado”.
Contrachicaneando a Frigerio, Abal Medina argumentó que “estos sectores que hoy gobiernan, en su momento estuvieron a favor del 82% móvil, que al día de hoy tendría un costo de más de 200 mil millones de pesos. Este proyecto se puede implementar con 40 mil millones, una quinta parte”.
Dada su naturaleza, el proyecto, antes de ingresar a la Cámara de Diputados, ya generó un fuerte contrapunto. Carlos Acuña -integrante del triunvirato de conducción de la CGT, aseguró que “es una falta de respeto decir que con una ley no arreglamos nada”. Luego, algo molesto por la actitud del Gobierno, sostuvo que “vos que estás ahí, en el Poder Ejecutivo, sos el que tiene que dar respuestas a la gente”.
Al pedírsele que evaluara la actitud que tomará la CGT ante la eventualidad de que Macri vete la ley, Acuña respondió que “vamos a ponernos en positivo, que el Gobierno reflexiones y no la vete“, pidió. Si esto ocurriera, Acuña señaló que “el consejo directivo definirá los pasos a seguir. No quiero adelantar nada acá”, terminó.
El tercer actor en este escenario es el bloque del Frente Renovador-UNA, que adelantó que darán “una respuesta seria, y no declaracionismo politiquero“, dada la gravedad de la situación. Para ello, se reunirán el martes a las 19:00 para fijar una posición, que estará basada en los estudios económicos que realizan los organismos pertinentes.
En esa circunstancia fijarán su posición con respecto al proyecto, que estipula la creación de un millón de puestos de trabajo, que funcionaría con la creación del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo y un 15 por ciento de incremento en los valores de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
