Desde los confines de los tiempos, el poder se dedicó a imponer verdades absolutas. Sus verdades. Cuestiones que se presentan como mandamientos indiscutibles. Y que cuando la cruda verdad irrumpe inesperadamente como un gancho a la mandíbula, las desestabiliza y deja al desnudo lo que realmente sucede.
En el caso de los políticos, esto pasa a menudo. El discurso público se derrumba como un castillo de naipes cuando los hechos son tan contundentes y tan honestamente brutales que la verdad de los funcionarios se transforma automáticamente en la peor de las mentiras.
Semanas atrás, una multitudinaria marcha contra la violencia de género y la explotación sexual de las mujeres unió a todo el arco político. De derecha a izquierda, las declaraciones políticas expresaron consternación y una preocupación sobre el tema acorde a su complejidad.
Sin embargo, a la hora de los hechos y de llevar a cabo acciones contra la explotación y la trata de personas, las cosas dejan bastante que desear.
Según las últimas denuncias, en la Ciudad existen 1.257 prostíbulos.
A pesar de esas cifras y de las constantes y semanales búsquedas de jóvenes desaparecidas, en el Gobierno porteño afirman haber recibido solamente cuatro denuncias sobre trata en los últimos dos años.
El número resulta impactante, si se toman en cuenta las denuncias judiciales en curso.
Estos datos no hacen más que poner en el centro de la tormenta el trabajo realizado por el Comité de Lucha contra la Trata y por la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, organismo que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad.
Cuestionamientos varios
Noticias Urbanas accedió a un pedido de informes realizado el pasado 21 de abril de 2015, en donde se exigía que por escrito y en un lapso de 10 días hábiles se comunicara por escrito “información relativa al Comité de Lucha contra la Trata y la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima”. El pedido presentado por el bloque de Bien Común consta de diez ítems:
1. Autoridades que conforman el Comité de Lucha contra la Trata creado por el decreto 130/10.
2. Presupuesto asignado al Área de Trata de Personas dependiente de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima.
3. Lugar físico en el que desarrolla sus actividades el Área de Trata de Personas.
4. Presupuesto asignado al Comité de Lucha contra la Trata.
5. Lugar físico en el que desarrolla sus actividades el Comité de Lucha contra la Trata.
6. Cantidad de personal asignado para cumplir funciones en el Comité de Lucha contra la Trata.
7. Cantidad de personas que han sido asistidas en el período 2012-2015, desagregado por año.
8. Acciones de prevención que se llevan a cabo.
9. Cantidad de personas que reciben asistencia, detallando tipo de asistencia, frecuencia y duración temporal.
10. Cantidad de personas que se han reinsertado al mercado laboral por intermedio de los Organismos del Gobierno de la Ciudad.
Los interrogantes tenían un fundamento lógico: las denuncias sobre los locales de prostitución y el negocio de la trata que se desarrolla en la Capital Federal. Pero lo más sorprendente del caso fue la contestación que dieron los funcionarios.
Mejor no hablar de ciertas cosas
“La respuesta nos dejó estupefactos. Fue una manera de autoincriminarse y de reconocer que estaban trabajando mal”, le dijo a Noticias Urbanas uno de los autores del pedido de informes.
La contestación del Gobierno porteño llegó el 27 de mayo y lleva la firma de Leonardo Szuchet, director general de Atención y Asistencia a la Víctima.
Lo primero que llama la atención es que no se dan a conocer los nombres de las autoridades del Comité de Lucha contra la Trata. Algo que debe ser público. En el escrito se responde a la pregunta de la siguiente manera: “Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante de Justicia y Seguridad, un representante de Desarrollo Económico, un representante del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural”.
Como si esto fuera poco, se reconoce que estos funcionarios cobran su sueldo a través de los respectivos ministerios de origen y no a través del Comité de Lucha contra la Trata.
La pregunta referida al presupuesto tampoco obtiene una respuesta concreta y exacta. “El presupuesto designado a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dentro de la que se encuentra el área de Trata de Personas, en particular, para el ejercicio en curso, se encuentra contemplado bajo el programa 28 correspondiente a la unidad ejecutora 2010 bajo la actividad 13”, se responde en el escrito, con lo cual no se dice de cuánto es.
Finalmente, Noticias Urbanas pudo saber que el presupuesto es de 4.460.127 pesos. Tomando en cuenta que el Presupuesto anual del Gobierno para 2015 es de alrededor de 85 mil millones de pesos, lo destinado al Comité de Lucha contra la Trata es el 0,005 por ciento.
La otra cuestión clave tiene que ver con el lugar físico donde funciona la oficina que atiende las denuncias, ya que en la página del Gobierno de la Ciudad solamente figura una dirección de e-mail y de esa manera la víctima no tiene un lugar físico adonde recurrir. Esta vez la respuesta es más acertada, ya que se da a conocer la dirección exacta de la oficina: Rivadavia 611, piso 10.
Víctimas invisibilizadas
El dato más preocupante aparece cuando se dan a conocer los casos de trata en los que el Gobierno porteño se encuentra trabajando. El escrito del propio GCBA reconoce que “en el año en curso han ingresado dos casos nuevos, sin perjuicio de lo cual el Área de Trata de Personas se encuentra asistiendo en forma integral al día de la fecha a 48 personas”. Es decir, casos que vienen desde antes.
Esta cifra es la que más llama la atención: hubo solo cuatro casos nuevos en los dos últimos años (dos por año), cuando solamente durante la semana pasada se realizaban búsquedas por dos chicas desaparecidas, Maia Núñez, de 13 años, y Laura Rodríguez, quien finalmente apareció.
Al explicar las actividades realizadas entre 2012 y 2015, el Gobierno respondió: “En 2012 se asistieron 23 casos (11 de explotación sexual y 12 de explotación laboral). Fueron 38 personas asistidas. En 2013 se asistieron 33 casos (21 de explotación sexual y 12 de explotación laboral). Fueron 44 personas asistidas. En 2014 se asistieron 29 casos (18 de explotación sexual y 11 de explotación laboral). Fueron 46 personas asistidas”.
Los casos siguen pareciendo pocos, teniendo en cuenta las denuncias públicas y judiciales conocidas y la cantidad de prostíbulos que funcionan en la Ciudad. Y de los más de tres mil talleres clandestinos que operan en territorio porteño (cuestión que viene al caso ya que la respuesta gubernamental abarca también los casos de explotación laboral).
La Ley de Asistencia de Trata en la Ciudad es la 2.781. En ella se establece que las personas que sufrieron esta experiencia deben recibir “asesoramiento psicológico: acompañar a la víctima en su empoderamiento y reconocimiento como sujeto de derecho”. Además, deben recibir “asesoramiento jurídico: asesorar a la víctima en su declaración y durante el proceso judicial. Proteger a los testigos y, de ser necesario, proveer traductor”.
Por último, deben tener “asistencia social: acompañamiento a la víctima y a sus familiares durante el proceso tendiente a la reconstrucción del proyecto de vida”.
Normas que no se cumplen
En la respuesta escrita que dieron a conocer se afirmó que “las víctimas reciben asistencia psicológica por parte de las profesionales del equipo interdisciplinario de Trata de Personas, desde la primera entrevista”. Pero luego de esta se deriva a la víctima a los “Hospitales Públicos o Centros de Salud (CeSAC)”, donde los especialistas en la cuestión escasean.
“El tratamiento, tal como lo exige la ley, lo debe dar el Comité de Lucha contra la Trata, ya que en los hospitales no hay especialistas en la materia”, le dijo a NU un político opositor. Y esto se confirma porque las víctimas son derivadas a la guardia del hospital, donde no hay especialistas en el tema, por lo que deben ser, a su vez, redirigidas a otros lugares.
Por último, la propia respuesta del Gobierno de la Ciudad reconoce que el Comité incumple la Ley de Trata ya que afirma que no brinda la asistencia jurídica correspondiente. “Es preciso destacar que desde el Área de Trata de Personas no se brinda patrocinio jurídico a las víctimas de trata, razón por la cual si una víctima decide presentarse como querellante en una causa, y por tanto requiere patrocinio, el área solicitará a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad que brinde la representación”, se lee en el texto dado a conocer el 27 de mayo.
“Además de la gravedad de la respuesta dada por la propia administración del Pro se debe mencionar que tampoco cuentan con una oficina de rescate, fundamental para actuar en los casos de trata, ni tienen equipos especializados en las fuerzas de seguridad que estén capacitados en rescates”, manifestó uno de los autores del pedido de informes.
Los datos son tan duros y concretos que no pueden ser rebatidos. Y una vez más destruyen el castillo de naipes que la verdad oficial intenta mostrar.
Mario Ganora: “La tarea del Gobierno del PRO es débil”
Desde fines de 2014, Mario Ganora es el director de la Comisión de Trata y Delitos Conexos de la Legislatura porteña. En diálogo con Noticias Urbanas criticó el accionar del Gobierno de la Ciudad y dio detalles sobre la red de complicidades.
–¿Cómo es el trabajo de la Comisión de Trata?
–La Comisión especial de hechos vinculados a la trata de personas tuvo una actividad más bien de concientización sobre la violencia de género y de la trata con fines de explotación sexual. Ese es el período en que estuvo al frente de la Comisión Fernanda Gil Lozano, que fue cuando el legislador Gustavo Vera elaboró, a fin del año pasado, un proyecto de ley para terminar con la actividad de los locales clase A, que son formas encubiertas de prostitución. Finalmente, el proyecto no se resolvió. Y básicamente eso se debe a que el macrismo, más exactamente el Poder Ejecutivo, se opuso a este tipo de legislación.
–Luego usted reemplazó a Gil Lozano.
–Cuando me designaron, pusimos el eje en la cuestión de la trata con fines de explotación laboral sin dejar de tener en cuenta lo otro.
–¿Cómo analiza la tarea del Gobierno porteño en el combate de la trata?
–La tarea del Gobierno es débil en todo lo referido al control, ya que la prostitución organizada sigue funcionando, como lo demuestran los prostíbulos de la Ciudad. Y no se hace nada. Lo que pasa en el barrio de Recoleta es uno de los ejemplos más claros. El Gobierno de la Ciudad no colabora con la Justicia federal en todo lo referido a efectos preventivos y para evitar que estos locales proliferen.
–¿Por qué el Gobierno porteño actúa de esa manera?
–Por presiones de sectores ligados a la prostitución que manejan mucho dinero. Esa es una de las causas por las cuales el Gobierno no actúa. Además de la ligazón que existe entre esos grupos criminales, los punteros políticos y la Policía Federal.