En la tarde de este miércoles 30 de enero, los legisladores de la Ciudad a propuesta del vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, están poniendo su firma a la convocatoria de sesión extraordinaria para el miércoles 27 de febrero para designar 14 nuevos jueces contenciosos, fiscales, defensores y asesores tutelares de la justicia porteña.
En la audiencia que se desarrolló el pasado 21 de noviembre, en el Salón Dorado de la Legislatura, se presentaron 56 candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura tras concluirse más de una decena de concursos públicos.
El fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad recibirá 23 funcionarios nuevos, de los cuales 14 ocuparán cargos de juez de primera instancia (una fuerte inyección de nuevos jueces en el fuero que tiene a su cargo atender los amparos y medidas cautelares contra decisiones del Gobierno de la Ciudad).
Los 9 candidatos del Ministerio Público para el fuero CAyT fueron Patricio Urresti, Claudio Luis y Catalina Legarre (fiscales de primera instancia), Ramiro Dos Santos Freire, Cecilia González de los Santos Javier Barraza y Alejandra Lampolio (defensores de primera instancia), y Mabel López Oliva y Norma Sas (asesoras tutelares de menores e incapaces).
Treinta y tres fueron los candidatos que expusieron sus capacidades ante legisladores y público para convertirse en funcionarios del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. El grupo más numeroso lo integrarán los 20 postulados a fiscales de primera instancia en lo PCyF, entre los cuales se encuentran varios nombres que ya han prestado funciones como fiscales interinos. Este grupo de futuros magistrados no solo tendrá en sus manos las causas por cortes de calles, usurpaciones, trapitos, violencia doméstica, infracciones en espectáculos deportivos, contravenciones en general, faltas y delitos menores, sino que, de entrar en vigencia la ley de transferencias penales aprobada por el Congreso el año pasado, deberá también encabezar las investigaciones contra funcionarios del Gobierno porteño por delitos contra la administración pública.
