A través de una declaración institucional la Fundación Ciudad se pronunció en favor de la autonomía porteña, frente a la quita de fondos que ejecutó el Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, en lo que resultó en primer pronunciamiento de la sociedad civil en cuanto a este tema.
Fuentes de la Fundación destacaron que “tenemos profundas diferencias con el Gobierno de la Ciudad, de hecho venimos de manifestar nuestra más firme oposición a la venta de los terrenos en Costa Salguero, pero entendemos que este avance del Gobierno Nacional contra todos los vecinos de la ciudad es un avance contra la autonomía que va más allá de quienes gobiernan hoy la Ciudad de Buenos Aires”.
La entidad, que preside la dirigente ciudadana Andreína de Luca de Caraballo, fue fundada en 1995 y es reconocida a nivel nacional e internacional por sus foros participativos y por las convocatorias públicas que realizó acerca de temas ambientales, urbanísticos y de participación ciudadana.
En un comunicado, titulado “Inadmisible menoscabo a la autonomía de la Ciudad”, la dirigente manifestó que “la autonomía porteña no es patrimonio de ningún gobierno, es una decisión de la Convención Nacional Constituyente de 1994, votada por los convencionales de todo el país y plasmada en la última reforma constitucional. Es el deber del Poder Ejecutivo Nacional respetarla y, si es vulnerada, es competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asegurar su vigencia y cumplimiento”.
A continuación, la presidenta de la Fundación Ciudad expresó su queja porque “en estos días, sin embargo, advertimos con profunda preocupación distintas medidas que han restado fondos a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires menoscabando, de ese modo, la autonomía que la Constitución Nacional le reconoce.”
Además, De Luca de Caraballo cuestionó que “un decreto del Poder Ejecutivo Nacional cercenó de un día para el otro fondos que sostienen la seguridad en la Ciudad, mientras que un proyecto impulsado y aprobado en el Senado de la Nación establece que, de ahora en más, los porteños dependan del Gobierno Nacional para pagar los gastos de la Policía de la Ciudad, medidas ambas que representan un inadmisible retroceso institucional”.
Para fundamentar su crítica, la dirigente destacó que “como consecuencia de estas quitas de fondos, los porteños y los tres millones de vecinos del conurbano que vienen todos los días a trabajar, estudiar y atenderse en el sistema de salud pública tendrán menos educación, menos atención médica, menos seguridad y, seguramente, menos trabajo”.
La dirigente ciudadana anticipó que “consideramos que los conflictos entre jurisdicciones y las asimetrías que afectan a nuestro país deben resolverse mediante el diálogo y los acuerdos y no saldarse con imposiciones que fatalmente serán origen de mayores conflictos”.
Finalmente, Andreína de Luca de Caraballo concluyó con que “el Gobierno Nacional debe respetar la autonomía porteña y si eso no ocurre confiamos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último guardián de nuestros derechos y garantías, dicte el condigno fallo favorable a los legítimos intereses de todos y cada uno de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.