El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió en Casa Rosada con los gobernadores de La Pampa, Carlos Verna, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, para que lleguen a una solución por el conflicto del río Atuel, tras el reciente fallo de la Corte Suprema que instó a ambas provincias y al Estado nacional a conformar una mesa de trabajo para cumplir con los plazos fijados para determinar el caudal de agua que se le deberá garantizar al territorio pampeano y el plan de obras que deberán poner en marcha.
Al día de hoy, los mandatarios de ambas provincias ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo, ni con la interpretación del fallo de la Corte Suprema sobre el caudal ni tampoco con las obras que hacen falta, aunque sí se comprometieron a respetar los plazos del máximo tribunal y a darles impulso a las reuniones, que tendrán su correlato el próximo jueves en el despacho de Pablo Bereciartúa, el hombre que está a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que deberá abrir el juego a la discusión técnica.
Tienen 30 días hábiles para zanjar la cuestión del caudal y 120 para diseñar el plan de obras, aunque por ahora siguen firmes en sus posturas contrapuestas. Mendoza insiste en que para fijar el caudal dentro de ese plazo es necesario saber qué obras se van a realizar para cumplirlo y que “una cosa está atada a la otra”, mientras que La Pampa asegura que el fallo es “claro” y que se le debe garantizar el caudal que solicitó en su demanda lo antes posible, que es un caudal mínimo y permanente de 4,5 cm3 de agua, más allá de las obras que se lleven a cabo, cuyo plazos y financiamiento deberán ser acordados entre las partes.
Ambas posiciones quedaron asentadas en el acta que también lleva la firma del ministro del Interior, que logró que ambas partes aceptaran los plazos propuestos por la Corte Suprema y que se le dé impulso a la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), un organismo creado en su momento para dar respuestas al conflicto y que había quedado paralizado. Por eso, para que quede formalmente constituido, se ha convocado a la reunión del jueves con Bereciartúa.
Desde Mendoza aseguran que a Verna le “encanta el conflicto” y que “está muy cómodo en ese escenario” porque le suma políticamente en su provincia y es por eso que está decidido a “malvinizar el conflicto”, según relataron a Noticias Urbanas. Desde el entorno del mandatario mendocino insisten una y otra vez en que “no se puede cumplir con ningún caudal si no se hacen las obras”, que eso “está muy claro” y que “hablar de una cosa es hablar de lo otro, porque hablar de caudal es hablar de obras”.
En La Pampa, en cambio, interpretan lo opuesto y aseguran que el caudal a liberar “es el reclamado en la demanda, con un flujo mínimo, permanente y continuo de 4,5 cm3” y que el fallo de la Corte es claro en ese sentido porque obliga a Mendoza a fijarlo “de inmediato” con el mismo número que fuera requerido en la demanda inicial, según aseguró el procurador general de Rentas de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, en una conversación con Noticias Urbanas.
La desconfianza es mutua y por eso ambos incluyeron en el acta firmada un pedido a la Corte Suprema para que designe un veedor en las negociaciones y que todas sean filmadas o grabadas de aquí en adelante. “Queremos que la Corte verifique con un veedor toda la predisposición que tiene Mendoza para lograr este acuerdo”, sostuvo el mandatario mendocino, en declaraciones a los periodistas acreditados de Casa Rosada, mientras que esgrimen “cautela” por los antecedentes más recientes.
“Cualquier pedido sobre el caudal suena razonable, pero el punto es qué historia tiene esto. Hay un montón de gente regando, y la Corte también dijo en su resolución que no se deben tocar los usos que actualmente tiene la cuenca y que hay que contemplar el problema de desertificación de la cuenca y no solamente el de la parte del noroeste”, apuntó Cornejo.
Del otro lado recuerdan que se estuvo cerca de una solución durante los gobiernos de Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Jorge (La Pampa), cuando ambos llegaron a un acuerdo que debía ser ratificado en los parlamentos provinciales. En La Pampa fue ratificado rápidamente, pero en Mendoza, no. “Por eso ahora hay cierta cautela y queremos que el fallo se cumpla a rajatabla”, agregó Pérez Araujo.
Cerca de Cornejo recuerdan, no sin picardía, que la solución sobre el Atuel estuvo en manos de Carlos Verna hace más de diez años, durante su primer mandato como gobernador de La Pampa, cuando el país era gobernado por Néstor Kirchner. Según cuentan, Kirchner lo convocó junto a su par de Mendoza, el entonces gobernador Julio Cobos, para ofrecerles una alternativa de pago de la deuda por fondos de promoción industrial ante el inminente fallo de la Corte contra la Nación que el primer mandatario se veía venir.
Kirchner les habría ofrecido pagarles la deuda con dos obras que le iban a poner punto final al histórico conflicto: la del Portezuelo del Viento y el Trasvase de Río Grande. Según la versión mendocina, Verna rechazó el ofrecimiento y reclamó el dinero, mientras que el mendocino firmó el convenio por la obra que nunca se llevó a cabo.
“La historia es conocida: Cobos se hizo vicepresidente de Cristina y después pasó lo de la 125. La obra nunca se hizo, Mendoza se quedó con un papel que era el convenio y La Pampa se quedó con el dinero, y el problema nunca se resolvió. Hubo una propuesta para resolverlo y ahora se está hablando de las mismas cosas, de la misma obra del Trasvase de Río Negro, y resulta que el gobernador de La Pampa es el mismo de entonces y ahora cree en la solución que tuvo en su momento y rechazó”, señalaron.
En su resolución sobre la demanda de La Pampa a Mendoza, la Corte indicó que el programa de ejecución de obras deberá elaborarse en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), por ser el organismo creado por las propias provincias interesadas para dar respuesta al conflicto y que quedará formalmente puesto en marcha el jueves, cuando La Pampa formalice la designación de sus nueve representantes, algo que Mendoza resolvió por un decreto del gobernador.
Según el voto mayoritario, del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el programa deberá contemplar alternativas técnicas por las particularidades del río, los costos de la construcción de las obras y su modo de distribución entre los tres Estados.
También deberá prever el aprovechamiento de los beneficios, las necesidades de las poblaciones vecinas, la defensa del acceso al agua potable, la participación de las comunidades originarias radicadas en la región y la actividad económica productiva.
Previo a expedirse sobre el fondo de la cuestión, la Corte admitió su competencia en la causa y rechazó la defensa de cosa juzgada planteada por Mendoza, cuyos representantes dijeron que se trataba del mismo tema en el que la Corte ya se pronunció en 1987.
¿Qué pasa si se cumplen los plazos y no hay ningún tipo de acuerdo? Ambas partes volverán a la Corte Suprema para pedirle una resolución aclaratoria y que defina la cuestión de una vez por todas.