La guerra por el agua ya desembarcó en la Argentina

La guerra por el agua ya desembarcó en la Argentina

Por Carlos A. Villalba

Para el año próximo ya se calcula que 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua.


“Me pregunto si en esta tercera guerra mundial gradual que estamos viviendo,
¿no vamos hacia una gran guerra mundial por el agua?”
Papa Francisco, 28/II/2017

Desde que el hombre dio su primer paso erguido apenas sobre dos de sus extremidades y hasta el presente, la humanidad se fue transformando en función de las relaciones de poder, la generación de conocimientos y su capacidad de “manejar” el ambiente que la rodea. Así, logró saltar de la adaptación a esas condiciones a transformarlas en función de los intereses de los sectores que sucesivamente controlaron a las sociedades.

En el paso del nomadismo al sedentarismo, con la aparición de los primeros asentamientos estables, jugó un papel central la existencia del agua y las relaciones que se establecieron con ese bien común. Hubo guerras por el agua ya en la Mesopotamia asiática, 4500 años atrás. Como también la hubo en el año 2000 en la Cochabamba boliviana, a partir del intento de privatización del abastecimiento de agua potable a nivel municipal, con el consecuente aumento de tarifas, impulsado por el Banco Mundial, que finalmente fue evitado por una movilización popular que abrió las puertas a transformaciones estructurales en el país.

Los pueblos originarios de este lado del mundo que los europeos llamaron “América”, se ocuparon del asunto y desde siempre diseñaron políticas de protección del suministro del agua. El principal reto de los incas, por ejemplo, no fue paliar su escasez, sino retener la que bajaba por los valles escarpados de los Andes, a través de ríos. Construyeron terrazas en las laderas, presas y canales de riego. Los quechuas levantaron infraestructuras hidráulicas y, antes de cada siembra, celebraban su “fiesta del agua”, destinada en realidad a limpiar esas obras, a través de un ritual comunitario.

Los aztecas desarrollaron una técnica agrícola que les permitió cultivar sobre los lagos que rodeaban su Tenochtitlan; anclaban en el agua del lago balsas llenas de tierra y las unían con cañas, así desarrollaron una importante superficie cultivable.

Son historias del agua, de otros tiempos, prácticamente de otro mundo. Aunque a lo largo de sus 4.650 millones de años la Tierra experimentó importantes variaciones climáticas, en las últimas décadas el clima sufre una variación global incomparable, provocada por el calentamiento global, que en un 90% es generado por el formato de producción que impone el capitalismo a nivel planetario. La concentración exponencial de la riqueza, con el consecuente aumento de las desigualdades, termina de diseñar un escenario planetario desolador.

El líquido proverbial, aquel supuestamente insípido, incoloro e inodoro, es una de las principales víctimas de ese fenómeno. Los estudios más avanzados marcan que más de 4.400 millones de personas en países de ingresos bajos y medios carecen de acceso al agua potable gestionada de manera segura. El propio Banco Mundial afirma que la escasez de agua, agravada por el cambio climático, es responsable de obstaculizar el crecimiento económico, provocar migraciones y generar conflictos. Las agencias de Naciones Unidas completan el panorama afirmando que la escasez de agua ya afecta al 40% de la población mundial y que en 2030 habrá hasta 700 millones de personas en riesgo de desplazamiento debido a la sequía.

Cuando algo escasea en el mundo, es sabido, los poderosos, las corporaciones y las administraciones imperiales salen a conseguirlo a como haya lugar, o a generar enclaves allí donde los localicen, por encima de fronteras, soberanías y acuerdos internacionales. Las víctimas, pueblos enteros, grupos etarios y sectores socioeconómicos empobrecidos, son esquilmados de sus propios bienes. Para los organismos de investigación de la Unión Europea, los efectos del cambio climático y la creciente escasez de recursos pueden conducir a una “inestabilidad regional y malestar social”. Es el escenario de las guerras por el agua.

En la actualidad existen conflictos en diferentes partes del mundo: entre Israel y Palestina, entre Mozambique y Zimbabwe, entre Bolivia y Chile, entre Turquía, Siria e Irak, a lo que hay que sumar la disputa por el Nilo entre Etiopía, Sudán y Egipto. Y la lista puede ampliarse. Si se analiza la disponibilidad actual de agua y las proyecciones futuras, los organismos multilaterales prevén un futuro con unas 300 zonas en conflicto, con probabilidad de que alcancen niveles bélicos de entre el 75% y el ​​95% en los próximos 50 a 100 años.

Para el año próximo ya se calcula que 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua. Dos de cada tres países podrán sufrir estrés hídrico, es decir que la demanda de agua supere durante un tiempo determinado los recursos hídricos disponibles, o que su uso esté limitado por su baja calidad.

En 2050, la demanda para alimentar a la población mundial crecerá respecto al presente en un 50%. El 70% de las extracciones se destinan -y se destinarán- a la producción de alimentos.

Y por casa, ¿cómo andamos?

En países como la Argentina, cuya población urbana llega al 92,5 % del total, un altísimo porcentaje de hogares todavía cuenta con acceso domiciliario al agua potable, aunque el proceso de empobrecimiento y generación de indigencia se aceleró de manera salvaje a partir del 10 de diciembre de 2023. Es decir, salvo en las zonas más carenciadas del Gran Buenos Aires y de las provincias, se gira la manija de una canilla y, en segundos, aparece el más importante de los líquidos. En este caso, además, el fenómeno se registra en un territorio con una cordillera cargada de glaciares y, en esos hielos, se encuentra la principal reserva mundial de agua dulce.

Sin embargo, el consumo se duplicó en el último siglo, en un mapa mundial ya dividido entre los que cuentan con ella y los que no la tienen. La disminución de precipitaciones, la sobreexplotación de los acuíferos y el reparto injusto, están cambiando de manera acelerada las lógicas empresarias, muchos formatos laborales y la propia relación con la naturaleza. El contexto de “guerra por el agua” ya no es un guión de una película taquillera.

Así como el Papa Francisco y los cuatro últimos secretarios generales de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el tema, la inteligencia científica a disposición de los principales grupos económicos transnacionales, además de tomar nota, actuó en consecuencia y la Argentina, lejos de pasar desapercibida para sus aparatos de observación, registro, control y planificación a futuro, quedó instalada en el centro de esas pesquisas.

La mitad de las provincias, no casualmente las cordilleranas, depositarias de la mayoría de los minerales que buscan las corporaciones globales y buena parte de la zona núcleo, que produce alimentos para el mundo, rodeada de millones de hambreados, ya tienen acuerdos con la empresa de punta posicionada mundialmente como “líder en la gestión de recursos hídricos”, la Compañía Nacional de agua de Israel: Mekorot, que en hebreo quiere decir “fuente”. La empresa estatal ocupa un lugar de liderazgo global a partir de su desarrollo en tecnología, sus enormes plantas de desalinización y el reciclado de efluentes y de los “logros” alcanzados en su propio territorio desértico, a expensas de los territorios palestinos ocupados ilegalmente.

Los servicios de la compañía se ofrecen a gobiernos o empresas con proyectos extractivistas, que demandan un uso intensivo del agua, más allá de las conveniencias ecológicas y de los daños comunitarios causados. Después de largos años logró sentarse en el circuito de la frontera extractivista, megaminera, petrolera y del agronegocio de la Argentina.

Su relación con el país arrancó en 1995 y se potenció en 2022, con el viaje del entonces ministro del Interior, Wado de Pedro y mandatarios y funcionarios de diez provincias y de diferentes signos políticos a Tel Aviv, en un proceso que culminaría con la firma del Plan Maestro para el Sector Hídrico de la Argentina, que implicaría la injerencia de Mekorot en el control de un recurso escaso en el mundo y en la antesala de la disputa ya descripta.

Con el impacto todavía caliente de la sequía sufrida en Argentina desde 2019, que tendría un pico dramático en los últimos cuatro meses de 2022, en los que se recibió solo el 44 % de la precipitación media, el peor valor en 35 años, el coordinador de Proyectos Especiales e Internacionales de la mega empresa estatal de Israel, Diego Berger, ofreció “soluciones idóneas” para paliar los efectos de aquel fenómeno y enseñar a centralizar el control del consumo agrícola, industrial y doméstico de los recursos hídricos argentinos, con el afán de “delimitar prioridades e infraestructura adecuada a cada región”.

El 25 de marzo de 2022, semanas antes del viaje, durante la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michael Lynk, relator especial para los Territorios Palestinos Ocupados, presentó un informe en el que afirmó que la situación de ese pueblo no ha dejado de empeorar en los últimos 55 años y que para mantener la ocupación, Israel utiliza diversas estrategias, entre las que las que se incluye el acceso al agua.

Desde noviembre de 1967, Israel prohibió a los palestinos la construcción de instalaciones para el abastecimiento de agua sin autorización de sus fuerzas armadas, con lo que es imposible la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de nueva infraestructura hídrica y la perforación de nuevos pozos, ahondar los existentes o instalar bombas y el acceso al río Jordán y a las fuentes de agua dulce.

La gestión de ese proceso quedó en manos de Mekorot, a la que se acusa de haber desarrollado un “apartheid del agua”, a partir del control de todos los afluentes, de recortes del suministro en verano, militarización de la zona y el uso del 83% de los recursos hídricos para su propio abastecimiento, a pesar de que gran parte del agua que utiliza proviene de territorios palestinos ocupados. Esos procedimientos someten a la región a la sequía, al consumo de agua contaminada y a su venta a precios exorbitantes. Por otra parte, la empresa construyó infraestructuras hídricas sin las cuales hubiera sido imposible que se formaran asentamientos ilegales israelíes.

La secretaria general adjunta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) argentina, Gisela Cardozo, sostuvo que “no es soberanía darle el manejo de un bien estratégico como el agua a una empresa estatal de otro Estado” y consideró que “tampoco es casualidad” que las provincias que firmaron acuerdos con la compañía estatal Israelí sean en su mayoría territorios saqueados por la megaminería que consume millones de litros de agua. Para Argentina es todo pérdida, porque está entregando información de mucho valor a otro Estado, en un contexto complejo como el presente, porque viene a mercantilizar un bien común que ya escasea en algunos territorios”.

En distintos momentos firmaron acuerdos con Mekorot las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe. En general, la empresa se instala a partir del diseño de “Planes Maestros de Conservación y Gestión del Agua”, replicando el modelo impuesto en su país, con la promesa de mejorar la crisis generada por meses con temperaturas sin precedentes y en terrenos ya afectados por la sequía.

Entrega y cambio climático

Los efectos negativos del cambio climático se profundizan año a año, aunque el gobierno actual lo niegue y pretenda que son “mentiras del socialismo”; cada mes se rompen los records térmicos, cada año los desastres son más extremos, tanto las inundaciones como las sequías, en un país con un Estado en proceso de demolición, al que le están arrancando uno a uno los mecanismos de control y regulación construidos a lo largo de décadas.

Los bienes naturales comunes, desde el oro hasta el litio, desde las tierras raras hasta los hidrocarburos, se ofrecen a las corporaciones mundiales sin limitaciones. El agua ya se convirtió en “el recurso crítico más escaso del mundo”, por encima del petróleo y muchos de los conflictos internacionales empiezan a producirse por su control, de esta manera, Argentina pasa a ser otro casillero en ese tablero.

Mekorot ya está instalada, lo que implica que las principales corporaciones del mundo cuentan con el mapeo del rubro y con propuestas para el diseño de proyectos que faciliten las tareas de extracción de aquellos bienes. Además, si el modelo a utilizar es el impuesto a Palestina, en el futuro cercano, cada hogar tendría un nuevo y más duro arancelamiento de los servicios de agua y una distribución discriminatoria en favor del sector minero y agroexportador, contrario a las poblaciones que tienen el derecho humano al agua.

En 2011, el entonces gobernador Daniel Scioli intentó contratar a la empresa estatal de Israel, con la intención de construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata. Sin embargo, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), nucleados en la naciente “Asamblea Fuera Mekorot”, presentaron sus objeciones, junto a la movilización de un sinnúmero de organizaciones populares que impidió la maniobra.

Denunciaron que la empresa planificaba abandonar el agua que provee el Acuífero Puelches (con 300 billones de litros de agua dulce) lo que hubiese provocado la elevación de la napa freática, produciendo contaminación bacteriológica, inundación de sótanos y deterioro de cimientos de casas, generando dos tipos de agua, una de peor calidad destinada a la gente que vivía en las afueras de la ciudad de La Plata y otra, potable, para el consumo humano, destinada al centro de la capital provincial, con tarifas que triplicarían el valor del producto.

Los conflictos por el agua, que ya son una realidad en el mundo, constituyen el paso previo a las guerras que se avecinan. Dentro de Argentina ya está instalada una corporación que oficia como avanzada, supuestamente tecnológica, de ese proceso de apropiación de bienes de los pueblos y los países.

Las herramientas que la administración Milei les entrega a los expropiadores son muchas y letales; en pocos años podrá verse si los sectores afectados tienen capacidad de reacción, organización y movilización como para contrarrestarlas o si las nuevas generaciones se preguntarán, como lo hacía Eduardo Galeano, “¿Quién se quedó con el agua?” ejerciendo una memoria que cuente “que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer, y que el mundo seco supo ser mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos”.

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