El cielo radiante no logra evitar los nubarrones. Aunque en el vidalismo no se cansen de acotar, al comienzo o al final de cualquier diálogo, los índices de aprobación popular de la gobernadora (alrededor del 65 por ciento), que son más resonantes aún si se tiene en cuenta que es la primera en conducir la Provincia en muchos aspectos (la primera mujer, la primera ni peronista ni radical), las malas noticias por el recrudecimiento de la inseguridad enturbian el clima social y político bonaerense.
Según un informe no oficial publicado por el diario Clarín, ya se registraron 117 homicidios en la Provincia en lo que va del año, 95 por ciento de ellos como causa de asaltos. Datos de la Procuraduría General bonaerense muestran cómo el conurbano ya ostenta nueve asesinatos cada 100 mil habitantes (el promedio del país es seis). Pero las zonas más calientes del Gran Buenos Aires, como la populosa Lomas de Zamora, exhibe cifras escalofriantes: 15 muertes violentas cada 100 mil, acercándose a los indicadores de Rosario. El panorama heredado por el sciolismo es un caldo de cultivo perfecto para el recrudecimiento actual: en 2010 se denunciaron 650 mil delitos en la provincia más grande de nuestro país. En 2015 esa cifra trepó a 750 mil.
“Es por la Bonaerense”, responde a Noticias Urbanas, en off the record, un ministro del gabinete y de la máxima confianza de Vidal, a la pregunta de las causa de este desmadre. A la fuerza policial más numerosa de la Argentina le endilgan este ensangrentamiento de las noticias en materia de seguridad en las últimas semanas, y consideran que es una revancha por las medidas tomadas para disciplinar a la otrora denominada “maldita policía”.
En marzo pasado, Vidal anunció la exigencia de que todos los comisarios y altos funcionarios de la Bonaerense deberían hacer entrega de su declaración jurada de bienes. A mitad de año intimó a casi mil de ellos a que lo hagan efectivo, ya que no habían cumplido la orden tras vencerse el plazo, en un gesto elocuente de tibia insurrección. La gobernadora también impulsó una purga de 70 comisarios y subcomisarios por hechos de corrupción, aunque los criterios para esta selección nunca son debidamente explicitados.
El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dispuso que se les descuenten del salario los días en que demoren hacer la presentación de las DD.JJ. y prometió que los incumplidores serían denunciados ante la Unidad de Información Financiera (UFI) por el posible lavado de activos. Gestos mediáticos que la fuerza no suele apreciar mansamente, como se demostró con la aparición de cartuchos de revólveres encontrados en la residencia de Vidal o la irrupción en la casa platense del ministro Federico Salvai.
Además de poner a civiles a controlar el departamento de Asuntos Internos, el gobierno de Cambiemos avanzó en la quita del control policial sobre dos cajas que, quienes saben del tema, señalan como claves para la existencia de corrupción de algunos uniformados, como son las “horas Polad” (adicionales por las horas extras por partidos de fútbol y edificios públicos) y la Verificación Policial de Vehículos (VPV). Hasta este año, la Policía definía discrecionalmente la asignación de la cantidad de efectivos para las horas extras y luego enviaba las liquidaciones a la cartera de Seguridad, aunque en La Plata sospechan que se añadían uniformados a esa lista que nunca cumplían esos servicios. Sobre la VPV, en el oficialismo acusan un faltante de dos millones de pesos.
Ritondo dijo públicamente que del total de 90 mil efectivos, alrededor de 2 mil fueron pasados a retiro y otros 2 mil separados del cargo o exonerados. Demasiados cambios para nueve meses de gestión. Aunque tampoco quedaría clara, al menos por el momento, la pericia de Ritondo y su equipo en contener el recrudecimiento del delito y dominar a la nueva comandancia policial.
Sí parece mejor la cintura del vidalismo en la contención de la dirigencia política. Como se sabe, los intendentes, esa bendita primera ventanilla, están preocupados por el agravamiento actual, que para peor deriva en la multiplicación de deplorables casos de justicia por mano propia, amplificados hasta el hartazgo por las cadenas de televisión, que reproducen ejemplos dignos de la ley de la selva, como fue el caso del carnicero de Zárate.
Esos mismos jefes comunales miran preocupados a la Gobernación, que, a diferencia de otros tiempos –cuando los temas se negaban–, escucha y responde (aunque, por ahora, no plantea nuevas soluciones). En la sede porteña del Banco Provincia, Vidal y Ritondo recibieron al intendente de Lanús, Néstor Grindetti; al de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; al de Quilmes, Martiniano Molina; al de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Todos de la Tercera Sección electoral, aunque no estaba su distrito principal: La Matanza.
Ante la pregunta por la ausencia de la intendenta Verónica Magario, un funcionario oficialista respondió: “Se hizo la reunión con quienes la pidieron”. Por ahora, esa grieta entre Magario y Vidal sigue ampliándose. “María Eugenia no la tolera porque los cree a ella y a [Fernando] Espinoza lisa y llanamente destituyentes”, explica un funcionario cercano a la gobernadora, que ocupa un cargo nacional.
Tras el encuentro en el Bapro, prolijamente difundido, Ritondo dijo a la prensa que se están “haciendo las cosas que había que hacer, aunque el resultado no sea inmediato. Tenemos que trabajar codo a codo para mejorar los estándares de seguridad y sabemos que el resultado es a largo plazo”. A veces los largos tiempos de los procesos sociales son asfixiados por el huracán de la descarnada coyuntura.
