El caso adquirió notoriedad después de que el mandatario promoviera la criptomoneda $LIBRA en su cuenta de X, lo que hizo que su valor se disparara de US$ 0,000001 a US$ 5,20 en pocas horas. No obstante, la moneda experimentó una caída cercana al 90%, dejando a miles de inversores en una situación desfavorable.
A raíz de este desenlace, se registraron más de cien denuncias contra el presidente por su presunta implicación en el esquema, acusándolo de delitos como fraude, negociaciones incompatibles con el cargo público, estafa y asociación ilícita. La primera denuncia fue presentada en Comodoro Py a través del Observatorio del Derecho de la Ciudad, lo que dio inicio a una serie de acciones legales.
El escrito menciona una “mega estafa” que se habría perpetrado “mediante una operación conocida como ‘Rug pull’, que ocurre cuando los desarrolladores de un proyecto lanzan un token y atraen a inversores para incrementar su valor, para luego retirarse repentinamente y quedarse con el dinero”. Según la denuncia, al vaciar los fondos de liquidez, “el precio de los criptoactivos colapsa a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por monedas más estables o de curso legal”.
Actualmente, la jueza Servini tiene al menos seis denuncias acumuladas en su juzgado. Una vez confirmadas, será el fiscal federal Eduardo Taiano, quien se encuentra de licencia y regresará el jueves, el que determine si existen razones suficientes para avanzar en una investigación penal contra el presidente.
Si se formaliza el proceso, Milei enfrentaría su primera causa por presuntos actos de corrupción durante su gestión. Sin embargo, la fiscalía también podría concluir que las denuncias carecen de fundamento jurídico, lo que cerraría la posibilidad de una investigación.
La Oficina Anticorrupción avanza en su investigación
En paralelo a las acciones judiciales, la Oficina Anticorrupción (OA), bajo la dirección de Alejandro Melik, ha comenzado un sumario interno para averiguar si las acciones del presidente infringen la Ley de Ética Pública. “Se está analizando todo el caso a la luz de la Ley de Ética Pública para determinar si ha habido alguna violación”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
El organismo está trabajando para reconstruir el proceso administrativo que llevó a Milei a realizar la publicación en X, además de identificar si hubo reuniones entre los creadores de la criptomoneda y funcionarios del Gobierno. En caso de que el análisis revele alguna irregularidad, el asunto será enviado a la Justicia, aunque únicamente los tribunales tienen la autoridad para establecer una posible responsabilidad penal del mandatario.