El tribunal oral número 21 de la Capital Federal pidió informes al hospital penitenciario que funciona en la cárcel de Ezeiza para determinar si concederá o rechazará el pedido de prisión domiciliaria del ex líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza, condenado como instigador del homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra.
Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Bossi y Horacio Dias solicitaron información sobre las condiciones de atención médica y cuidados que debe recibir Pedraza, sobre quien un informe médico forense indicó que sufre “deterioro cognitivo de grado moderado a severo”, además de signos de Parkinson y afecciones cardíacas.
Pedraza fue condenado por el Tribunal Oral 21 en abril de 2013 a 15 años de cárcel como instigador del homicidio, y si bien el fallo no está firme porque fue apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal, en todas las instancias le fue rechazada la excarcelación y la atenuación de las condiciones de detención.
Según un informe firmado por la médica forense Noemí Ghirardi, Pedraza “padece hipertensión arterial, dislipemia, colon irritable en tratamiento y Síndrome Extrapiramidal del tipo Parkinsonismo de reciente comienzo”, patologías que fueron definidas como de “evolución crónica”.
“Las afecciones físicas que padece pueden en su evolución natural cursar con reagudizaciones y descompensaciones a pesar que el tratamiento integral sea adecuado”, por lo que la médica aconsejó el “manejo oportuno en tiempo y forma de eventuales complicaciones con posibilidad de traslado inmediato a un centro de mayor complejidad”.
En razón de esa recomendación, el tribunal intenta determinar si el hospital -que según describe la propia página de internet del Servicio Penitenciario Federal es “polivalente de mediana complejidad con 120 camas”- reúne las condiciones adecuadas para atender un eventual agravamiento repentino en la salud de Pedraza.
Con esos informes a la vista, el tribunal resolverá, probablemente la semana próxima, si concede o rechaza el pedido de prisión domiciliaria.
Pedraza fue considerado partícipe necesario como cabeza del gremio ferroviario del crimen de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 cuando empleados tercerizados del ferrocarril Roca reclamaban por sus condiciones laborales y fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.