La jueza Elena Liberatori le exigió al Gobierno de la Ciudad que en 48 horas explique pormenorizadamente cuáles fueron las variables y los datos concretos utilizados para efectuar el aumento en las tarifas de peajes de las autopistas de la Ciudad, que rondan el 70%.
La intimación de la jueza se da en el marco de un amparo iniciado por los legisladores porteños José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, de Nuevo Encuentro-FpV, en el cual pidieron la nulidad de los aumentos por su irracionalidad y su afectación a los usuarios del servicio.
El argumento para frenar la suba de tarifas se basa en el “desmedido” aumento propuesto por Autopistas Urbanas SA, la empresa concesionaria del servicio en las autopistas. Según Campagnoli y Conde, los aumentos, que promedian el 70%, no encuentran justificación ni en la inflación pronosticada por el propio Gobierno para este año (17%), ni en el índice de los costos de construcción, ni en la pauta salarial, ni en ninguna otra variable macroeconómica.
Los legisladores hicieron hincapié en que la Constitución de la Ciudad obliga a proteger el patrimonio de los usuarios y consumidores. “El gobierno porteño no va a poder argumentar la irracionabilidad aplicada. No pueden justificar un aumento del 70 por ciento en los peajes que afecta directamente a la población que utiliza servicios de transporte o su propio auto para ir a trabajar y desplazarse en la Ciudad”, explicó el diputado Campagnoli.
Por su parte, Conde agregó: “Hoy, una persona que viene a trabajar a la Ciudad desde la provincia de Buenos Aires tiene que pagar 2500 pesos por mes en peajes. El fuerte aumento se enmarca en la suba de tarifas de los servicios públicos nacionales que, junto a otras políticas del gobierno nacional, llevan a un brutal incremento de la inflación”.
En este sentido, Campagnoli resaltó que “los salarios y el gasto social no crecen al mismo ritmo que los aumentos de tarifas”. “Mientras el Gobierno le pone un techo del 18% a la paritaria de los docentes, aumenta los peajes un 70% sin explicación lógica alguna y en perjuicio de los usuarios”, dijo.
Ahora, el Gobierno de la Ciudad deberá justificar el aumento ante la jueza, quien luego resolverá acerca de la legalidad del nuevo cuadro tarifario.
