La fiscal Paloma Ochoa imputó al ministro de Energía, Juan José Aranguren; el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por “abuso de autoridad” y “negociaciones incompatibles” con la función pública por la ejecución del proyecto denominado “Aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz”.
La causa tiene en la mira al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que había impulsado el proyecto patagónico desde el ámbito privado.
Marcolini fue jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria en la empresa Iatasa (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) que produjo un informe favorable a la construcción de las represas Nésltor Kirchner y Jorge Cepernic, y ahora ocupa la dirección de Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales).
“Marcolini se entregó a sí mismo (siendo subsecretario de Energía Eléctrica) la revisión de proynecto de la represa de río Santa Cruz. Pero lo que es más increíble es que como director de Iatasa fue el responsable de realizar el informe ambiental de la obra. Es decir, la misma persona realizó el informe en forma privada; ahora, como funcioario público, es el encargado de aprobarlo”, sostuvo el senador Fernando “Pino” Solanas, impulsor de la denuncia.
Para Solanas, la designación de Marcolini como funcionario fue “ilegal” y su nombramiento “está conectado con la voluntad política de que éste continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo no sólo desde la perspectiva ambiental, económica, sino también desde una mirada institucional”.
El dictamen de la fiscal Ochoa fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos.
