La Justicia de La Plata ha imputado al exintendente Julio Garro, así como a otros exfuncionarios y empresarios, por “asociación ilícita”, en el contexto de una investigación sobre la supuesta venta de terrenos ilegales en barrios privados que no contaban con la aprobación de la Provincia de Buenos Aires. Se estima que esta operación habría causado un daño económico de hasta 1.500 millones de dólares.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ha acusado a los implicados de “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica en documento público y administración fraudulenta en detrimento del Estado”. Además, se han llevado a cabo 16 allanamientos en oficinas empresariales, así como en la residencia del exjefe comunal y de exfuncionarios y empleados municipales. La causa está bajo la supervisión de la jueza Marcela Garmendia, del Juzgado N°5 de la capital provincial.
De acuerdo con la investigación, se ha identificado un esquema en el cual se exigía a los desarrolladores que contrataran a una empresa constructora, supuestamente de propiedad de funcionarios de la administración de Garro, para la urbanización de diversas áreas. Además, se está indagando sobre la conexión entre el exintendente y su círculo cercano con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este, la cual es sospechosa de comercializar terrenos de estos proyectos irregulares.
En su requerimiento, Condomí Alcorta argumentó que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023, “diversos funcionarios públicos municipales, en complicidad con empresarios privados, facilitaron la creación de múltiples desarrollos urbanísticos en zonas de la Ciudad que no eran aptas”, cometiendo delitos en beneficio propio y de las empresas desarrolladoras involucradas por un monto aproximado de “1.500 millones de dólares”. Para la Justicia, esta maniobra perjudicó tanto a los compradores de los terrenos como al Municipio, que habría dejado de recibir 700 mil millones de pesos en recursos.
De acuerdo con la normativa de Ordenamiento del Suelo 8.912/77 y el decreto 27/98, es imprescindible que los barrios cerrados cuenten con la habilitación provincial. En la actualidad, en La Plata, solo 16 urbanizaciones han recibido aprobación oficial: los barrios cerrados “Don Víctor”, “Fincas de la Victoria I” y “Fincas de la Victoria II”, así como los clubes de campo “La Florida”, “La Emilia I”, “Estancia Grande de Bell I”, “La Arbolada”, “Los Ceibos”, “Las Calandrias”, “San Facundo”, “Área 60 Norte I”, “Miralagos I”, “Miralagos II”, “Gran Bell I”, “Gran Bell II” y “Haras del Sur”. No obstante, desde la Comuna se ha denunciado la existencia de 400 barrios cerrados ilegales que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
La investigación implica al exintendente Garro, junto a exfuncionarios municipales y empresarios del sector. Entre ellos se encuentran María José Botta, exsecretaria de Planeamiento Urbano; Marcelo Gustavo Genoro, exdirector general de Obras Viales, quien tras su salida se unió a la empresa Bordigoni y Cía. SRL, relacionada con la maniobra investigada; Nahuel Julián Paradela, exsubsecretario de Servicios Públicos; Ariel Fabián Bordigoni, presidente de Bordigoni y Cía. SRL; Facundo Dadin, presidente de Sol Vial Construcciones; así como Cecilia Andrea Mayocchi y Leandro Arrechea, representantes de Agrycon S.A.
Si bien Garro evitó hacer declaraciones, Bordigoni, uno de los acusados, envió un comunicado a la prensa en el que negó cualquier irregularidad. “La empresa que represento no firmó contrato alguno con el Municipio de La Plata en relación con la construcción de barrios privados. Entre 2015 y 2021, no tuvimos ningún vínculo contractual con la Municipalidad. El ingeniero Marcelo Genoro [también acusado] fue contratado por nuestra empresa tras su renuncia como funcionario municipal, para una obra en la localidad de Las Flores”, afirmó.
Además, el acusado destacó que la empresa solo tiene dos contratos activos con el Municipio: la reparación de bacheos y la mejora de la calle Cantilo hasta la plaza Belgrano, inaugurada en mayo de 2024 por el actual intendente Julio Alak. “Los únicos pagos realizados por el Municipio de la Ciudad de La Plata a la Empresa Bordigoni y Cía SRL corresponden única y exclusivamente a las Obras de Bacheo y mejora de la calle Cantilo de la Localidad de City Bell; ambas son obras de carácter público”, enfatizó.