La Justicia ordenó avanzar en la causa de lavado contra Nisman y Lagomarsino

La Justicia ordenó avanzar en la causa de lavado contra Nisman y Lagomarsino

La Cámara Federal porteña criticó "la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada".


La noticia se conoció este martes. Los integrantes de la Cámara Federal porteña le pidieron al juez Marcelo Martínez de Giorgi. La orden fue acelerar la investigación por presunto lavado de dinero contra la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman y el técnico informático Diego Lagomarsino, tras reconocer que la causa estuvo prácticamente paralizada.

“A la luz de la demora, se torna necesario instar al juez a arbitrar los medios necesarios para que se avance con la mayor celeridad”, dijeron los magistrados en el fallo. “El objeto procesal de la presente pesquisa consiste en determinar si un grupo de personas -entre las que se encuentra el peticionante-, llevaron a cabo diversas maniobras tendientes a introducir en el circuito financiero legal, bienes o activos provenientes de un ilícito”, explicó la Cámara.

La Cámara criticó “la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada”.

El expediente tiene como imputados a la hermana de Lagomarsino, Sandra, y la mamá del fiscal, Sara Garfunkel, a raíz de una cuenta en el exterior que comparten con Lagomarsino así como distintos bienes en común.

Los bienes analizados tienen que ver con una chacra en Punta del Este, propiedades en Capital federal y una cuenta bancaria en los Estados Unidos con 600 mil dólares.

La Cámara Federal interviene a raíz de un planteo del empresario Claudio Picón, presidente de la empresa Palermopack S.A., y los jueces Mariano Llores, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia advirtieran sobre “el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente y la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada”.

El planteo de Picón tiene que ver con la devolución de legajos del Registro Automotor sobre vehículos de esa empresa, ya que están secuestrados por el Juzgado. La Cámara Federal hizo lugar al planteo de Picón al tener en cuenta que desde 2015 la causa estuvo prácticamente paralizada.

La causa estuvo en poder de Claudio Bonadio y, tras su fallecimiento, quedó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi.

 

 

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