El martes se conoció la noticia. El Juzgado Nº 2 de Primer Instancia en lo Contencioso y Administrativo dio lugar a la medida cautelar y suspendió el traspaso de los dispositivos penales juveniles al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad (CDNNyA).
La cautelar había sido presentada por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, y los legisladores Andrea Conde, Pablo Ferreyra, Patricio Del Corro, Carlos Tomada, Paula Penacca, Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli y Marcelo Ramal. También acompañaron la presentación, el consejero del CDNNyA, José Machain, y varias organizaciones sociales y de derechos humanos.
Machain, dio a conocer en un comunicado, en el que se afirma que la medida judicial del martes, suspendió “la atribución -otorgada mediante Decreto 492/16 y Convenio de transferencia- al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; de dirigir, gestionar y organizar los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal (DINAI), en el marco del proceso de transferencia de los mismos del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)” al ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las personas que presentaron la cautelar señalaron que la decisión del ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires constituía una “aberración jurídica desde el punto de vista del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, contrario a la Constitución de la Ciudad y al marco normativo (Ley 114), en tanto disponía que el mismo organismo que administra los dispositivos penales destinados a adolescentes sea, a su vez, aquél que debe controlarlos y garantizar la plenitud de los derechos humanos de los chicos y chicas allí alojados.